Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, se presentó una propuesta en el Congreso local que busca modificar los Artículos 8 y 37 Bis de la Constitución del Estado. La iniciativa, presentada por el diputado del PRI, Paúl Ospital, plantea que cualquier persona que incurra en un acto de corrupción, según lo estipulado en el Código Penal, sea permanentemente excluida de ocupar cargos públicos en la entidad. Esto implicaría que las personas condenadas por corrupción no podrán regresar al servicio público en ninguna de sus modalidades, asegurando que su conducta quede completamente fuera de cualquier posibilidad de reincidencia en el ámbito gubernamental.
El diputado también detalló que la reforma tiene como objetivo evitar que los implicados en actos de corrupción puedan acceder al «criterio de oportunidad», lo que permitiría que algunos infractores pudieran eludir una condena firme. En su lugar, se pretende que los responsables de corrupción enfrenten una sentencia definitiva que refleje el daño causado a la sociedad.
Según el legislador, esta iniciativa busca fortalecer la lucha contra la impunidad, ya que en México, 9 de cada 10 casos de corrupción no resultan en una condena, y en muchos casos, los infractores solo enfrentan sanciones leves, como suspensiones, multas o pagos por reparación del daño, pero sin una condena judicial efectiva. Este panorama ha sido ampliamente criticado, ya que no se logra erradicar el problema ni sancionar adecuadamente a los responsables.
La propuesta, que ahora será debatida en el Congreso local, busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción en el gobierno y garantizar que aquellos que incurran en actos de esta naturaleza no puedan seguir involucrados en la gestión pública. Con esta reforma, el Estado pretende dar un paso decisivo hacia la transparencia y la justicia, buscando restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.
Mar Hernández Mendoza
