La Fiscalía General de la República (FGR), anunció que procederá de manera legal contra Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Además de que impugnará el fallo donde otorgó libertad condicional a ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También iniciará un procedimiento legal contra los magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia, quienes fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa.
Lo anterior, aplicando procedimientos de amparo con el propósito de generar una evidente situación de injusticia, que está afectando a 43 desaparecidos, a sus familias, a su seguridad y a la nación misma.
“Dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad”.
Reiteró que “ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa”.
Esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen.
Apuntó que esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios de manera parcial y engañosa.
Añadió que esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años, lo que ha demostrado la persecución y la descalificación injustas de los medios que así han actuado.
La FGR indicó que durante 2023 el Ministerio Público de la Federación obtuvo nueve mil 150 sentencias favorables para las víctimas; lo cual demuestra que una parte muy importante de los jueces federales sí actúan con imparcialidad y con apego a derecho.
Agregó que es necesario señalar también, que en los “mecanismos alternativos de solución de controversias” que es una función única y exclusiva de la FGR, se lograron determinar durante 2023, otros dos mil 427 acuerdos con efectos de sentencia firme, en favor de las víctimas que acudieron a dicho método de procuración de justicia inmediata y eficiente.
“De todos esos resultados, la FGR difundió diariamente a nivel nacional, durante el 2023, más de 700 comunicados, y a nivel local cerca de cuatro mil comunicados más. Toda esta obligación de información se ha cumplido rigurosamente, sin que la FGR haya pagado ni un solo centavo en los últimos cinco años para comprar publicidad mediática que la favorezca o que genere una imagen que debe de ganarse con información permanente, veraz y objetiva, tanto de la Institución como de los medios”.
Con información de La Jornada.
