miércoles, septiembre 17, 2025
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Exgobernador de Nayarit es vinculado a proceso por lavado de dinero

El 11 de septiembre de 2025, tras casi 48 horas de audiencia, un Juez de Control vinculó a proceso a Roberto “N”, exgobernador de Nayarit, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita “por más de 156 millones de pesos”.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que esta decisión se tomó tras el cumplimiento de un amparo a favor del exmandatario en el que “se ordenó que el Juez de Control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución”.

Según la FGR, el juez consideró que “existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito”.

Además, la FGR puntualizó que el exmandatario “seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal”.

Roberto Sandoval Castañeda permanece en el Penal Federal de El Rincón desde el 6 de junio de 2021, día de las elecciones en Nayarit, luego de haber sido declarado prófugo desde noviembre de 2020, y tras haber sido detenido en Linares, Nuevo León.

En febrero de 2020, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que Sandoval era “inelegible” para ingresar a ese país, por haber “aceptado sobornos de narcotraficantes” y por su “involucramiento en casos de corrupción significativa”.

Pompeo añadió que el exgobernador “se apropió indebidamente de activos estatales y aceptó sobornos de narcotraficantes”.

Ese mismo año, la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que resguardaba propiedades aseguradas a Sandoval con un valor estimado de más de 170 millones de pesos, derivadas de cateos realizados en 2018 en el rancho La Cantera y en la Fundación Ríe.

Los bienes incluían inmuebles, caballerizas de lujo, esculturas, monturas con incrustaciones de diamantes y ganado, que aparentemente no pudo haber obtenido con ingresos propios desde que fue servidor público como director del rastro de Tepic, diputado local, alcalde de Tepic y gobernador de Nayarit, todo entre 2002 y 2017.

La institución sostuvo entonces que se trataba de un patrimonio “ilícito y no justificado”, que debería ser reintegrado a la hacienda pública como reparación del daño.

Con información de Aristegui Noticias.

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