Xóchitl Gálvez, excandidata por la oposición a la presidencia, presentó el miércoles 26 de junio una iniciativa para sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por su presunta intervención en las elecciones de 2024 y por «traición a la patria«.
En el Congreso de la Unión y ante medios de comunicación, la senadora del PAN leyó la iniciativa dirigida a la Comisión Permanente, con el objetivo de castigar a AMLO por su interferencia en todas las etapas del proceso electoral de 2024. Gálvez acusó al presidente de favorecer a Morena y sus candidatos mediante ataques a la oposición en sus conferencias matutinas, señalando la inacción de las autoridades electorales.
“No me quise quedar con los brazos cruzados, no es una buena señal para la democracia que el presidente de la República intervenga de la manera en que lo hizo, sin que la autoridad electoral hiciera absolutamente nada”, afirmó Gálvez.
Además, la senadora insistió en que AMLO nunca le permitió ejercer su derecho de réplica respecto a las acusaciones de que eliminaría los programas sociales, lo cual fue un tema central en la campaña.
Gálvez recordó que el INE había ordenado medidas cautelares contra AMLO por violaciones en al menos 22 ocasiones durante 31 conferencias matutinas, pidiéndole abstenerse de opinar sobre temas electorales y difundir propaganda gubernamental. Sin embargo, lamentó que el Tribunal Electoral declaró que no es posible sancionar al presidente debido a que
“constitucionalmente no cuenta con un superior jerárquico”.
Por esta razón, Gálvez propone en su iniciativa reformar el Código Penal y la Ley General de Delitos Electorales, para tipificar y sancionar como traición a la patria las conductas del titular del Ejecutivo cuando violen las leyes electorales, dentro o fuera del proceso.
Casos en los que AMLO podría ser sancionado según la iniciativa de Xóchitl Gálvez
La propuesta de Gálvez establece que, si el presidente comete actos de traición a la patria, se le impondrían sanciones como prisión de 10 a 50 años o una multa de hasta 3,000 unidades de medida y actualización, si realiza alguna de las siguientes conductas:
– Utilizar recursos públicos para beneficiar a una persona, candidata, aspirante a candidata, partido político o coalición.
– Utilizar recursos públicos para denostar, atacar, injuriar o difamar a una persona, candidata, aspirante a candidata, partido político o coalición.
– Ejercer violencia política de género por cualquier medio con la finalidad de influir en el electorado.
– Vulnerar los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad electoral
Información de la mano con El Financiero