La Universidad Autónoma de Querétaro exhortó a la legislatura del estado a no interrumpir el proceso para aprobar la suspensión de derechos políticos a deudores alimentarios, pues se trata de una acción concreta para reducir la violencia hacia las mujeres y menores de edad, afirmó la rectora Teresa García Gasca.
Esto lo realizó a través de un oficio formal dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Graciela Juárez, en el que solicita la aprobación de la ‘Minuta en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público’.
García Gasca aseveró que esta aprobación debe ser vista como un paso para cumplir con la deuda histórica que tiene el estado mexicano sobre la violencia contra las mujeres y que también trasgrede a niñas y niños en situaciones vulnerables.
Junto con otras organizaciones sociales, solicitaron que la minuta sea turnada a comisiones, discutida en pleno y aprobada por unanimidad como un gesto de integridad y responsabilidad por parte de las y los legisladores queretanos.
De acuerdo con la asociación ADAX Digital, en Querétaro hay al menos 600 denuncias contra deudores alimentarios, entre los cuales hay algunos que siguen sin acatar su obligación aún con una orden judicial en su contra.
Por Alan García
