La creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por Andrés Manuel López Obrador no ayudará a disminuir homicidios porque se trata de un delito que en los últimos años se ha incrementado alrededor del mercado de drogas, de acuerdo con la organización Semáforo Delictivo.
El director de la organización, Santiago Roel, dijo que mientras no se regulen algunas sustancias como la cannabis o la amapola, el país continuará en una tendencia de violencia alcista.
«Los mercados no se combaten con fuerza, sino con inteligencia económica; por ello, la Guardia Nacional puede ayudar en otros delitos, pero no en homicidios porque éstos siguen una lógica de lucha por territorios que no se acaba con la presencia de policías, sino con la eliminación del mercado negro a través de la regulación”, dijo.
Según el análisis de la organización, van 7 mil 242 casos en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento de 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2018, mientras que el secuestro y extorsión subieron más de 40 por ciento.
Santiago Roel dijo que a pesar de que el presidente López Obrador declaró el fin de la guerra contra el narco, emprendida por Felipe Calderón en 2008 y de que el Plan de Paz y de Seguridad contempla la regulación de drogas como estrategia para reducir los daños, la guerra contra el mercado de drogas continúa, y con ella, el incremento de homicidios.
“De continuar así la tendencia, de seguir con esta guerra, este año será peor que cualquier otro que hayamos vivido”, refirió.
De acuerdo con el análisis de Semáforo Delictivo, lo que aumentó son las ejecuciones alrededor del mercado de drogas.
El Plan de Paz y Seguridad incluye la regularización de la cannabis y de la amapola, pero, continuó, va más allá e incluso propone que cualquier droga podría estar regulada como las anfetaminas.
De acuerdo con el estudio, los estados que más incrementaron sus homicidios son: Nuevo León, 104 por ciento; Ciudad de México, 48 por ciento; Tabasco, 47 por ciento; Quintana Roo, 46% por ciento y Jalisco, 38 por ciento.
En contraste, los estados que presentaron una baja en los homicidios son Nayarit, Baja California Sur, Durango, Guerrero y Tamaulipas.
La extorsión, el secuestro y el narcomenudeo, relacionados con el crimen organizado, también subieron en el primer trimestre del año.
“Es un indicador más de que algunas policías siguen distraídas o involucradas en la guerra contra las drogas en lugar de cuidar a la ciudadanía”, mencionó Roel.
“Nos preocupa en especial algunos estados que nos aparecen en doble rojo en el Semáforo de Alto Impacto o de crimen organizado, como Guanajuato o Quintana Roo; o estados que antes estaban en verde y ahora están en rojo como Querétaro, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México o Nuevo León.
“Por el contrario, y son muy buenas noticias, vemos que algunos estados han salido de los rojos en este semáforo como Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Guerrero y Nayarit”, dijo.
De acuerdo con el último reporte del Índice de Paz, el costo de la violencia en México es de 41 mil pesos al año por mexicano.
“Estamos distrayendo recursos en una guerra inútil que nos cuesta muchísimo en todos sentidos. Económicamente, crecemos a una tasa baja y hay estados muy rezagados” comentó Santiago Roel.
De acuerdo con el Semáforo Social que publica esta misma organización, los estados más pobres son los que crecen más lentamente. Mientras Nuevo León y Baja California tienen menos de 1 por ciento de su población en pobreza extrema, Chiapas y Oaxaca tienen más de 25 por ciento.
“La pobreza no es causa de violencia; es al revés, la violencia nos causa pobreza, despilfarro de recursos, corrupción y distracción de autoridades. Es momento de generar oportunidades de negocio lícito a los pobres de México y fomentar la inversión productiva. México puede crecer a buen ritmo, pero para ello necesita mejorar la actuación de su gobierno y regular las drogas”, aseguró.
