Tras una larga audiencia inicial, una jueza especializada en el sistema penal acusatorio dictó prisión preventiva justificada al ex fiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, resolución que el equipo de defensa del abogado va a impugnar vía apelación y juicio de amparo, por considerar que privar de su libertad al ex servidor público no tiene argumentos ni asidero legal.
A través de un comunicado, la defensa de Gonzalez Arredondo explicó que solicitó la duplicidad del término constitucional para poder presentar presentar pruebas de descargo a favor del también ex fiscal Especializado en Desaparición Forzada del estado de Chihuahua, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se programó para el próximo sábado 26 de noviembre a las 10 de la mañana.
Por lo anterior, será hasta ese día que la jueza de la causa defina si hay elementos o no para vincular a proceso al ex fiscal por el delito de tortura que le imputan testigos de identidad reservada que anteriormente contaban con un criterio de oportunidad por dar a conocer presuntos casos de corrupción y cohecho que involucran al ex gobernador César Duarte Jáquez y a la actual gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.
En este marco, los defensores del ex fiscal denunciaron una actuación parcial y carente de independencia de la jueza de control, Hortensia García Rodríguez, ya que la juzgadora rechazó de manera sistemática todos los argumentos y recursos presentados por la defensa, mientras acepta y válida todo lo que esgrime la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a través de una comisión especial que preside su actual titular Roberto Fierro Duarte.
Además, acusan a la impartidora de justicia de desestimar una suspensión de amparo otorgada al ex fiscal para el efecto de que un juez en la materia vigile la libertad personal del imputado.
Sin embargo, a juicio de la defensa, la justificación no se dio ni se argumentó en la audiencia inicial, por lo que debió imponerse una medida cautelar menos gravosa para el imputado, las cuales van desde la prisión domiciliaria hasta la firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).
De igual forma, se advierte que la audiencia de imputación el propio González Arredondo presentó argumentos de porqué en su caso no estaba justificado el riesgo de fuga para imponerle la prisión preventiva justificada, medida cautelar que calificó como irracional y desproporcionada.
