Esta abogada se implica desde hace más de una década en la causa de las mujeres de su país, gobernado durante decenas de años por dictaduras militares dominadas por hombres
Las autoridades de Birmania aseguran que las violaciones en el país son escasas y la violencia conyugal inexistente. Pero la realidad es que el maltrato a las mujeres está tan anclado en la sociedad que es tolerado y subestimado, lamenta la abogada y activista Hla Hla Yee.
Con un vestido tradicional blanco, rodete y mirada sombría, Hla Hla Yee habla con firmeza. A los 38 años, la abogada se implica desde hace más de una década en la causa de las mujeres de su país, gobernado durante decenas de años por dictaduras militares dominadas por hombres.
En 2011, fundó con una decena de amigos juristas una asociación para asistir jurídicamente a los más vulnerables, empezando por las mujeres.
«Quería que las mujeres se sintiesen más fuertes y para eso era necesario que conocieran sus derechos», explica.
En Birmania, el país más grande del Sudeste Asiático con 55 millones de habitantes, «la violencia doméstica todavía es un asunto familiar. La policía no hace nada, incluso si se presenta una denuncia», señala Hla Hla Yee, directora de la ONG Legal Clinic Myanmar (Consultas Jurídicas de Birmania).
Al menos una de cada cinco mujeres es maltratada por su pareja, según un estudio oficial de 2016.
Y cada vez se reportan más violaciones, especialmente de menores, afirma Hla Hla Yee.
En 2017, las estadísticas oficiales informaron de 1.405 violaciones, contra 1.110 en 2016, un alza que pueda estar vinculada también con una toma de consciencia.
Pero sin dudas las cifras se encuentran aún muy por debajo de la realidad.
VÍCTIMAS MARGINALIZADAS
Birmania se ha comprometido sin embargo desde hace mucho tiempo a promover y defender los derechos de las mujeres.
Y la llegada el poder de un nuevo gobierno surgido de elecciones libres organizadas en 2015, con la líder Aung San Suu Kyi al frente, había generado muchas esperanzas.
Pero la sociedad birmana continúa estando profundamente marcada por el patriarcado y no logra superar su retraso.
Aún no existe una ley específica contra la violencia doméstica y la violación conyugal es pasible de solo dos años de prisión.
En cuanto a la violación fuera del matrimonio, es condenada con 20 años de prisión, o a prisión de por vida cuando la víctima tiene menos de doce años. Sin embargo, «los autores purgan muy raramente las penas completas», y a veces escapan a la justicia, ya que se llega a un acuerdo con la familia sin consultar incluso a la víctima, lamenta Hla Hla Yee.
En los pocos casos en los que el agresor es hallado culpable, las mujeres son sistemáticamente marginalizadas, agrega.
En 2019, la violación de una pequeña de dos años provocó un escándalo en el país, y miles de personas salieron a manifestar para reclamar a las autoridades que esclarecieran lo ocurrido. Pero fue en vano.
AGRESIONES SEXUALES «SISTEMÁTICAS» –
En Birmania, la violación es también utilizada como arma de guerra.
La oenegé Human Rights Watch denunció en 2017 las agresiones sexuales «sistemáticas» cometidas por soldados birmanos contra mujeres musulmanas de la minoría rohinyá.
En 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también publicó una encuesta realizada a 204 refugiados rohinyás que habían huido de la violencia. Según ese estudio, el 24% de las mujeres interrogadas dijeron haber sido víctimas de violación.
«Las mujeres y los niños son los primeros concernidos por esta violencia», dice Hla Hla Lee.
Para la abogada, defender a los más vulnerables es una vocación que se remonta a la infancia. La mujer, la más pequeña de nueve hermanos de una familia de agricultores, nació en el Estado de Rakáin (oeste), uno de los más pobres del país y escenario de tensiones étnicas y religiosas.
«Desde muy pequeña estuve confrontada a la injusticia», explica.
Vigilada por sus colegas hombres, amenazada por las autoridades, se dio cuenta que «no podía actuar sola, era necesario un equipo».
Menos de diez años después de su creación, su ONG cuenta con diez oficinas en el país y más de 70 empleados, y las mujeres ocupan la mayoría de los puestos de responsabilidad.
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