El viacrucis para que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad

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Para que la nueva normatividad esté en marcha y dé resultados, el país tendrá que esperar hasta 2017. Antes, instituciones deben concretar nombramientos relevantes.

Al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) todavía le espera un largo camino.

Después de la reforma constitucional y de la promulgación de las leyes secundarias en la materia, la nueva normatividad aún necesita dar pasos claves para ponerse en marcha y empezar a brindar resultados. Se prevé que esto ocurra en julio de 2017, cuando entre en vigor la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los congresos locales tendrán que haber homologado las leyes de sus estados.

Antes, deben concretarse algunos nombramientos relevantes, como el del fiscal anti-corrupción y los de los miembros del comité ciudadano del SNA.

Para determinar a los integrantes del comité ciudadano, el Senado ya eligió al comité seleccionador, conformado por nueve personas:

Edna Jaime Treviño

Es fundadora y directora de México Evalúa, una organización dedicada al análisis y la evaluación de políticas públicas en seguridad pública y gasto gubernamental. Anteriormente, fue directora del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac). Es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Sergio López Ayllón

Es director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En la administración pública se desempeñó como asesor en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y como coordinador de proyectos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). Es doctor en Derecho por la UNAM.

Antonio Carlos Gómez Espiñeira

Es socio del despacho RSM México y presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Ha fungido como presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Academia Mexicana de Auditoría Integral y el Desempeño. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana.

Viridiana Ríos Contreras

Es investigadora del Wilson Center en Washington. Fue presidenta ejecutiva de México, ¿cómo vamos?, organización encargada de analizar la política económica del país. Anteriormente, fungió como asesora en la Secretaría de Hacienda y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tiene un doctorado en Gobierno por la Universidad de Harvard.

María Elena Morera Mitre

Es fundadora y presidenta de Causa en Común, organización promotora de la rendición de cuentas y la transparencia. También preside la asociación civil Horizonte y Oportunidad. Ha dirigido más de 20 estudios en materia de seguridad pública y justicia. Es médico cirujano dentista por la Universidad Tecnológica del Valle de México.

Juan Ernesto Pardinas Carpizo

Es director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Anteriormente, fungió como investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) y fue corresponsal de prensa en India y Japón. Es doctor en Gobierno por la London School of Economics y Maestro en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio, Japón.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco

Es presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Anteriormente, fue coordinadora general de Mejora Regulatoria y Transparencia del Hospital Civil de Guadalajara, donde se encargó de crear un área encargada en la materia. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.

Pedro Salazar Ugarte

Es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A lo largo de su trayectoria ha publicado libros relacionados con los temas de democracia, garantías individuales y derecho constitucional. Es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, en Italia.

José Luis Juan Caballero Ochoa

Investigador del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, donde se enfoca en derechos humanos. Ha sido miembro del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), de la Red de Investigación sobre Discriminación en México y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

 

Este comité tendrá la tarea de seleccionar a los cinco mexicanos que representarán la voz de los ciudadanos en el Comité Coordinador del SNA. Entre sus tareas estará diseñar el formato de declaración patrimonial, fiscal y de intereses que deberán entregar los servidores públicos.

Por otra parte, el Senado ya lanzó la convocatoria para elegir al Fiscal Anti-corrupción, quien estará encargado de investigar y perseguir posibles actos corruptos.

La búsqueda de esta persona comenzó el 25 de octubre. Según la convocatoria, algunos de los requisitos que deberán cubrir los aspirantes son ser mexicano por nacimiento, ser abogado, tener conocimientos en transparencia y rendición de cuentas, gozar de buena reputación y no haber ocupado cargos de dirección en un partido político durante los últimos seis años.

Los interesados deberán presentar su documentación como máximo el 9 de noviembre y la terna que se pondrá a votación en el pleno será propuesta a más tardar el 29 del mismo mes.

Sin embargo, aún con estos cargos todavía faltará que se conforme el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y se nombre a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyas propuestas serán enviadas por el Ejecutivo federal a más tardar en el periodo ordinario de sesiones del Congreso inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas, es decir, el 1 de febrero de 2017.

El SNA nació como una estrategia para evitar que en México se sigan incrementando los delitos en esta materia, que consume cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB), merma la competitividad y daña la imagen tanto de instituciones como de funcionarios.

Fuente: CNN Expansión