Ricardo Karim Cortés Escobar, asesor jurídico de María Guadalupe Fernández Villanueva, conocida como Doña Pita, aseguró que el conflicto relacionado con el rancho El Salto, en el municipio de Huimilpan, no se trata de un despojo de predios por parte de terceros, sino de un asunto de carácter familiar y sucesorio.
El abogado señaló que, ante las recientes declaraciones públicas realizadas por integrantes de la familia Orquiza Fernández, es necesario aclarar diversos aspectos sobre los procedimientos legales que actualmente se encuentran en curso.
Explicó que Doña Pita fue nombrada única heredera universal por su esposo y que, tras el fallecimiento de éste, uno de sus hijos asumió el cargo de albacea, con la responsabilidad de proteger el patrimonio y cumplir la voluntad del fallecido.
Sin embargo, sostuvo que el albacea habría donado a su hija y a uno de sus hermanos un bien que, de acuerdo con la postura jurídica de Doña Pita, formaba parte de su patrimonio, utilizando para ello un poder cuya validez es actualmente cuestionada.
Cortés Escobar indicó que las personas que recibieron el inmueble se ostentan actualmente como propietarias, pese a que, según la parte que representa, conocían la situación jurídica del bien.
Por ello, precisó que existe un procedimiento civil mediante el cual se impugna la validez de la donación, así como una investigación penal relacionada con conductas atribuidas a las personas involucradas.
El asesor jurídico también rechazó la versión de que un amparo haya resuelto el conflicto a favor de la contraparte, al señalar que dicho recurso no determina la validez de la donación ni concluye quién tiene el derecho sobre el inmueble.
Detalló que la resolución únicamente ordenó la reposición de un acto dentro del proceso penal, por lo que la investigación continúa abierta y se está a la espera de una nueva audiencia inicial, en la que se buscará la vinculación a proceso por el presunto delito de fraude procesal.
Asimismo, pidió no confundir dos propiedades distintas dentro del caso. Explicó que el predio conocido como La Haciendita fue adquirido directamente por Doña Pita años antes del fallecimiento de su esposo, por lo que nunca formó parte de la sucesión y es el inmueble que actualmente se encuentra dentro de un fideicomiso.
En contraste, señaló que la propiedad que es objeto del conflicto tiene una historia jurídica diferente. Añadió que incluso los derechos relacionados con el agua del predio corresponden a una concesión federal independiente y no forman parte de los procesos civiles y penales en curso.
Respecto a los señalamientos hacia terceras personas ajenas a la familia, Ricardo Cortés aclaró que no representa ni habla a nombre de ellas y que únicamente expone la postura y los hechos narrados por la propia Doña Pita, quien hizo pública una carta dirigida a la opinión pública.
Por: Luis Arturo Pérez.
