Con el objetivo de evitar que deudores alimentarios evadan el pago de la pensión saliendo del país, se presentó una iniciativa en el Congreso local para endurecer las sanciones y establecer medidas preventivas que impidan que los responsables abandonen el territorio nacional para incumplir con esta obligación, informó el diputado Enrique Correa.
Explicó que la propuesta contempla reformas al Código Penal, particularmente al artículo 211, en las que se plantea aumentar hasta en una mitad las sanciones cuando un deudor alimentario abandone el país para evadir su responsabilidad, por lo que las penas podrían alcanzar hasta siete años y medio de prisión.
Asimismo, la iniciativa plantea sancionar a las personas que ayuden al deudor a ocultarse, declararse insolvente o evadir la acción de la justicia, con el propósito de impedir que terceros participen en este tipo de evasiones.
De igual manera, se propone modificar el Código Civil para que los jueces puedan dictar medidas preventivas cuando exista el riesgo de que el deudor alimentario intente salir del país para eludir el cumplimiento de la pensión.
La propuesta contempla que, en caso de que el deudor se encuentre en el extranjero o se desconozca su paradero, las autoridades puedan activar mecanismos de cooperación jurídica nacional e internacional para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.
Mar Hernández Mendoza.
