La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma electoral que elimina bonos, seguros médicos, de vida y pensiones privadas para funcionarios del Instituto Nacional Electoral y organismos locales. También prohíbe prestaciones especiales financiadas con recursos públicos y establece que ningún funcionario ni dirigente partidista podrá ganar más que el Ejecutivo federal.
La iniciativa incluye mayor fiscalización a partidos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, límites al gasto de congresos locales (0.7% del presupuesto estatal) y nuevas reglas como permitir la promoción en procesos de revocación de mandato. El objetivo, según el gobierno, es reforzar la austeridad y transparentar el uso de recursos públicos.
