Después de difundirse «la propuesta de Acuerdo” con el cual se inició la investigación al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar y excolaboradores, el máximo tribunal y la Judicatura investigará la filtración del archivo que señala actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior por instrucciones de la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
De acuerdo con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
A partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones.
«Aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente. Bajo este último supuesto, desde el 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas», se informó.
La ministra Piña Hernández dio trámite el fin de semana pasado a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas.
