A más de dos años de que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal anunciaron el Operativo Ferrocarriles Seguros en la zona del Bajío, los asaltos a los trenes no han disminuido. En Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas, entidades que integran el Bajío, se concentró 31.8% de los mil 825 atracos a ferrocarriles en el país, entre enero y diciembre 2017, según un informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Particularmente Guanajuato, estado donde el 25 de septiembre de 2015 el excomisionado general de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos y el gobernador, Miguel Márquez, acordaron el inició del operativo, es la tercera entidad a nivel nacional con más asaltos (198), sólo por debajo de Puebla (233) y Veracruz (282). “No es un tema que se solucione únicamente con más policías, es una problemática de carácter social, por lo que ahora estamos planteando entrar a las comunidades marginales que se encuentran al lado de las vías con programas de apoyo económico, becas para estudiantes, pavimentación de las calles y todo lo que sea necesario para mejorar su calidad de vida”, explicó el gobernador durante el anuncio.
El despliegue de elementos de la Gendarmería y Seguridad Regional en ese estado tenía como prioridad prevenir y atacar el asalto a los trenes, principalmente en los municipios de Apaseo el Grande, Cortazar, Celaya, Pénjamo y Silao. Ante la falta de resultados de la CNS y la Policía Federal, el 29 de abril de 2016 la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) reforzar las acciones de coordinación con los tres niveles de gobierno, para garantizar la seguridad pública en el servicio del transporte ferroviario del país.
En su respuesta (30 de julio 2016), la Comisión Nacional de Seguridad informó que la Policía Federal identificó problemáticas como relevos de tripulación de los trenes fuera de los patios de maniobras, a causa del término de turno; patios de maniobra sin seguridad perimetral y cargas sin etiquetar o identificación por parte de las compañías contratantes. Además reportó empresas de seguridad privada sin protocolos de actuación, asentamientos irregulares en el derecho de vía y falta de limpieza en las vías ferroviarias (localización de materiales de desperdicio, llantas y tubos que son empleados para detener y permitir el vandalismo en los trenes).
Fuente: Excelsior
