El pleno de la Legislatura Local aprobó la implementación de sanciones a quienes realicen llamadas de broma a los cuerpos de emergencia del estado.
“Esta iniciativa plantea un nuevo esquema de sanciones que sirva para inhibir la comisión de este delito, en ese tener se propone tipificar como delito el uso indebido de los servicios de emergencia”, dijo el congresista J Jesús Llamas Contreras.
La iniciativa adiciona y reforma diversas disposiciones del código penal estatal, para añadir en la ley el uso inadecuado de las líneas de emergencia como delito, estableciéndose como sanción de dos meses a dos años de prisión y de cincuenta a trecientos días de multa.
Se establece también que, si como consecuencia de la movilización de los cuerpos de emergencia derivado de estas llamadas se provoca algún accidente o daños personales o materiales, se añadiría a la pena anterior de cinco meses a dos años de cárcel y de quinientos a mil días de multa.
En caso de que los involucrados en este delito fuesen niños o adolescentes, serán los padres quienes respondan por la imputación de dicha falta.
Este delito se perseguirá de oficio, y en caso de reincidencia se impondrá hasta el doble de las sanciones referidas.
Al respecto, Eric Salas González, autor de la iniciativa refirió que, en el periodo de enero a junio del presente año, de los 61 millones 639 mil 418 llamadas a nivel nacional que se recibieron al número único de emergencias 9-1-1, más del 90% fueron falsas o de broma. Mientras que, en el estado, solo el 15% de las 879, 288 llamadas recibidas en el mismo periodo corresponden a llamadas procedentes, es decir, más de 747 mil son de broma.
Añadió que, además de poner en riesgo a otras personas que si requieran de los servicios de emergencia, la movilización de las instancias para atender estos llamados representa un gasto lastimoso que puede ascender hasta los $1,200 pesos por traslado.
Por: Anna Ledezma
