Ofrece robustecer estructura y presupuesto del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente cobija a 538 personas. Al afirmar que está convencido de que “una democracia plena requiere que nadie calle su voz”, el mandatario se comprometió a no dejar impunes los asesinatos a comunicadores
El presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores anunciaron medidas para la protección del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
“No podemos permitir, como sociedad y menos como gobierno, la censura, ni las restricciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión, ni de las nuevas plataformas digitales”, señaló.
Por el contrario, dijo, “una democracia plena requiere que nadie calle su voz”.
En la ceremonia celebrada en el Salón Adolfo López Mateos, de forma inusual y respetuosa, parte del gremio periodístico que se encontraba en Los Pinos en el área de fotógrafos y camarógrafos expresó una protesta demandando “justicia, justicia”; al término del evento, el mandatario ofreció respuesta comprometiéndose a que no quedarán impunes los crímenes contra periodistas.
En su mensaje, el mandatario dijo que “de cara a los retos en la lucha contra el crimen organizado, México no puede ni debe ceder ante la violencia”.
En tono enérgico, expuso: “Que quede claro, el Gobierno de la República tiene la plena disposición de acompañar a las autoridades locales para que los casos se resuelvan y se haga justicia”.
Reunido en sesión extraordinaria con 24 gobernadores y el jefe del Gobierno capitalino, el mandatario se comprometió a acabar con la impunidad de quienes atentan contra personas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Pasadas 48 horas del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, el mandatario concedió: “Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad, matando periodistas”.
Explicó que la protección de periodistas y defensores de derechos humanos requiere hoy de medidas extraordinarias.
Al detallar las medidas de protección a periodistas, que consideró ahora deben ser extraordinarias, ante titulares de Segob, PGR, CNDH y un nutrido grupo de embajadores, el jefe del Ejecutivo comprometió: “Como Presidente de la República, les digo que actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables”.
Hizo saber su pesar porque “lamentablemente en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que se han entregado”.
En este contexto ofreció luchar hasta el último día de su mandato “para fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita”.
Indicó “que frente a la amenaza que representan los crímenes contra periodistas, los mexicanos respondemos con unión y acciones conjuntas. Lo hacemos convencidos de que el mundo comparte nuestra indignación y apoya nuestra causa. En unidad, haremos valer la justicia y la libertad de expresión como elementos esenciales de un país democrático y de una sociedad de derechos y libertades”, indicó.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN. Se fortalecerá la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, hay que decirlo, 538 personas están bajo la protección de este mecanismo. De ellas, 342 son personas defensoras de derechos humanos y 196 son periodistas.
De igual forma, se establecerá un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación.
Se fortalecerá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a través de las siguientes medidas: mayor personal y mejor capacitación a Ministerios Públicos, policías y peritos.
Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, que impulsen la confianza y la colaboración.
Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos.
Apoyo a las entidades en la creación de unidades o Ministerios Públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad.
Y la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Foto: Especial
Fuente: Crónica
