La medida debe entrar en vigor el 21 de enero. Según un documento interno del Departamento de Estado al que la agencia de noticias Reuters tuvo acceso, se están revisando exhaustivamente todas las políticas, regulaciones e instrucciones para garantizar el máximo nivel de verificación y seguridad para todos los solicitantes de visas estadounidenses.
El documento también señala que los solicitantes de estos países representan un alto riesgo de depender de la asistencia del Gobierno estadounidense.
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«Posible carga para el erario público»
«El Departamento de Estado ejercerá su autoridad de larga data para descalificar a posibles inmigrantes que se conviertan en una carga para el erario público y se aprovechen de la generosidad del pueblo estadounidense», declaró el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
El Departamento de Estado ha revocado más de 100.000 visas desde que Trump asumió el cargo, según informó el lunes. El Gobierno también ha adoptado una política más estricta para la concesión de visas, con un control más riguroso de las redes sociales y una revisión más exhaustiva.
Nacionales latinoamericanos afectados
La suspensión afecta a varios países latinoamericanos y caribeños entre los que, esta vez, a diferencia de muchas de las más recientes medidas antiinmigración estadounidenses, no aparece Venezuela.
La lista completa publicada por Reuters, citando a un funcionario estadounidense, incluye a:
Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, República Democrática del Congo, Cuba, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Costa de Marfil, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.
Contra la inmigración legal o ilegal
Trump ha implementado una amplia ofensiva contra la inmigración desde que asumió el cargo en enero. Su administración ha priorizado enérgicamente la aplicación de las leyes migratorias, enviando agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos, y provocando enfrentamientos violentos tanto con migrantes como con ciudadanos estadounidenses.
Si bien hizo campaña para frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos, su administración también ha dificultado la inmigración legal, por ejemplo, al imponer nuevas y costosas tarifas a los solicitantes de visas H-1B para trabajadores altamente cualificados.
«Esta administración ha demostrado tener la agenda más antiinmigración legal en la historia de Estados Unidos», declaró David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato y presidente de la Cátedra de Política de Inmigración de la Fundación Selz.
«Esta medida prohibirá el ingreso de casi la mitad de los inmigrantes legales a Estados Unidos, rechazando a unos 315.000 inmigrantes legales solo durante el próximo año», añadió Bier.
Poco antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Estados Unidos será coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México y Canadá, y los Juegos Olímpicos de 2028 se celebrarán en Los Ángeles. Pero las visas de no inmigrante, o visas temporales de turismo o negocios, no se verán afectadas por esta regulación.
Información de DW.
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