El primer juicio oral que enfrenta un exgobernador en México inició este viernes en Tepic, Nayarit, pero fue suspendido debido a problemas técnicos que impidieron la conexión remota de Roberto Sandoval Castañeda, recluido en el CEFERESO No. 4 El Rincón desde 2021.
La audiencia con la que iniciaría el juicio, realizada este viernes en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic, corresponde a un proceso del fuero común en el que se acusa al exmandatario priista de la apropiación ilegal de un terreno de 58 hectáreas en el ejido de Aután, municipio de San Blas.
La Fiscalía General del Estado de Nayarit, para este caso, solicita una sentencia de seis años de prisión, bajo cargos de falsificación de documentos y despojo.
El caso se remonta a 2012, cuando el propietario Rubén “N” denunció que su firma fue falsificada para transferir la propiedad a favor de Sandoval.
El terreno en su momento perteneció a Tabamex y luego al sindicato de trabajadores, estaba destinado a la agricultura y al pastoreo de animales.
En marzo de 2015, mientras era gobernador, Sandoval fue registrado como ejidatario 227 de Aután y se le reconoció la posesión de tres predios, dicho registro quedó asentado en el folio de reconocimiento de asamblea ejidal 181700006340, correspondiente a la reunión del 19 octubre de 2017, según documentos del Registro Agrario Nacional (RAN).
Reclaman presencia física de exgobernador en juicio
Erick Mendoza, abogado defensor del exgobernador, cuestionó que a su cliente no se le permitiera comparecer de manera presencial y atender el desahogo de la causa penal 850/2020, declaró en entrevista con medios.
Asimismo, denunció deficiencias en la conexión remota, problemas de audio y otras cuestiones que llevaron a aplazar la audiencia.
El señor tiene derecho de estar aquí, en cualquier audiencia, pero sobre todo en esta donde se van a recibir a los testigos, las pruebas que tiene la Fiscalía, donde los vamos a interrogar y donde finalmente el juez va a tomar una decisión.
Aunque establecido en el sistema penal acusatorio es que el imputado comparezca de manera física ante el tribunal, a Sandoval Castañeda solo se le permitió seguir la audiencia por videoconferencia.
De acuerdo con el Artículo 20 de la Constitución Política mexicana, toda persona imputada tiene derecho a estar presente en su juicio; sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla excepciones.
El artículo 51 faculta a las autoridades judiciales a utilizar videoconferencias u otros medios tecnológicos cuando existan razones de seguridad, de orden público o de salud que justifiquen la medida, siempre que se garantice al acusado la posibilidad de comunicarse con su defensa.
El mismo código, en su artículo 361, establece que el imputado debe estar presente en el juicio oral, aunque también contempla que se le puede retirar de la sala en caso de alterar el orden o impedir el desarrollo de la audiencia, o que haga algún riesgo para llevarla a cabo.
Cabe recordar que el exmandatario nayarita fue considerado prófugo de la justicia desde noviembre de 2020 hasta su detención en junio de 2021 en un rancho donde se ocultaba, en Linares, Nuevo León.
Con este antecedente, el tribunal habría determinado que el traslado físico del exgobernador representaba un riesgo de fuga o de logística penitenciaria, por lo que se optó por su comparecencia virtual.
Roberto una vez ‘ya se sustrajo de la justicia’: PCVN
En entrevista para esta reportera, el vocero de la Comisión de la Verdad Nayarit, Rodrigo González Barrios, quien formó parte de promover las denuncias en contra del exgobernador, consideró que la negativa de su presencia física al juicio responde al riesgo de fuga, ya que en noviembre de 2020 Sandoval fue considerado prófugo de la justicia.
Él se sustrajo y fue detenido en 2021; por eso, estimo que las autoridades controlaron su traslado y presencia en audiencias.
El González Barrios, explicó que el caso por el que inició el juicio oral contra el exmandatario nayarita salió a la luz tras los aseguramientos realizados en 2018 por la Fiscalía estatal, que investigaba presunto enriquecimiento ilícito.
“Este juicio se inicia por un desacierto de los abogados Nassar, porque si no se hubieran amparado sobre ese terreno jamás hubiéramos sabido de él”, señaló González en referencia a que, Sandoval pretendía evitar el aseguramiento del rancho El Sueño —que presumió en medios de comunicación en 2013, un año después de su llegas al Poder—.
En tales aseguramientos fueron confiscadas diversas propiedades ligadas a Sandoval, entre ellas el rancho del Sueño con 18 hectáreas; el rancho de la Cantera, que contaba con 69 caballerizas, una silla de montar con incrustaciones de piedras preciosas y un espejo de gran tamaño.
Así como el edificio de la Fundación RIE, valuado en alrededor de 150 millones de pesos; también se decomisaron inmuebles en los fraccionamientos Bonaterra y El Armadillo.
El caso de Aután se relaciona además con el exnotario público No. 3 de San Blas, Antonio Herrera, señalado como responsable de elaborar la escritura irregular, recordó el vocero de la Comisión de la Verdad.
El notario al que hizo referencia el vocero, quedó en libertad luego de que en julio de 2020 aceptó un convenio de oportunidad, con una condena de tres años de prisión y el pago de dos millones de pesos por reparación de daños del llamado Fraude Infonavit.
“Ese notario elaboró las once mil escrituras de juicios simulados; parecía hacer escrituras como tortillas”, dijo González Barrios.
Entre 2013 y 2018, magistrados, jueces y otros, participaron en la simulación de juicios espejo para despojar de viviendas a 65 mil derechohabientes del Infonavit de varios estados.
Información de Aristegui Noticias.
