El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva que autoriza al Pentágono a desplegar fuerzas militares para atacar a cárteles de la droga en América Latina, incluidos grupos en México y Venezuela que su gobierno ha clasificado como organizaciones terroristas extranjeras.
De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, la medida marca un giro drástico en la estrategia antidrogas estadounidense, pasando de la cooperación con autoridades civiles a la posibilidad de operaciones militares directas en territorio extranjero y en aguas internacionales.
De la guerra contra las drogas a la guerra militar
La orden presidencial, revelada por fuentes con conocimiento de las discusiones internas, permitiría al ejército estadounidense capturar o eliminar a líderes de cárteles, algo que hasta ahora había sido considerado un terreno exclusivo de las agencias policiales.
Aunque la Casa Blanca insiste en que la prioridad de Trump es “proteger la seguridad nacional”, la decisión plantea serias dudas legales.
Expertos citados por el NYT advierten que usar fuerza letal contra presuntos miembros de cárteles fuera de un conflicto armado podría considerarse asesinato bajo la legislación estadounidense y violar el derecho internacional si se realiza sin el consentimiento del país afectado.
Un movimiento con precedentes y polémica
Históricamente, el ejército estadounidense ha participado en labores antidrogas en América Latina, pero como apoyo a fuerzas civiles y bajo mando de la Guardia Costera o agencias como la DEA. Operaciones unilaterales directas —como la invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega— han sido condenadas por la ONU como violaciones al derecho internacional.
La actual orden de Trump, según el NYT, representa una escalada sin precedentes: una autorización abierta para que fuerzas estadounidenses actúen de manera ofensiva contra cárteles como si se tratara de grupos terroristas armados, al estilo de Al Qaeda o ISIS.
Debate legal y político
Bajo la ley estadounidense, designar a un grupo como organización terrorista permite congelar activos y restringir su movilidad, pero no otorga automáticamente autoridad para acciones militares.
Para atacar con fuerza letal, Trump podría argumentar que actúa bajo sus facultades constitucionales de defensa nacional, posiblemente usando la crisis de sobredosis de fentanilo como justificación.
Sin embargo, juristas advierten que cualquier operación de captura o eliminación fuera de un conflicto armado reconocido podría violar la prohibición ejecutiva contra asesinatos y abrir la puerta a demandas o sanciones internacionales.
Información de Publimetro.
