La penalización económica contra México por negar lo permisos ambientales al proyecto de minería submarina “Don Diego”, en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, sigue firme y no se realizó ninguna impugnación, porque no había posibilidad jurídica de hacerlo, revelaron fuentes cercanas al caso consultadas por Excélsior.
El 19 de septiembre de 2024, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de Economía (SE), anunciaron que no estaban de acuerdo con el fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que condenó al Gobierno de México al pago de una indemnización de 37.1 millones de dólares por negar en dos ocasiones (2016-2018), la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a Odyssey Marine Exploration.
Las autoridades mexicanas aseguraron que buscarían “anular el fallo ante las cortes competentes”, tras el arbitraje internacional solicitado por la empresa estadounidense, famosa por el rescate de tesoros en barcos hundidos, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
«La Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes”, adelantaron.
Más de seis meses después del fallo, la Semarnat respondió a una solicitud de información que el tema le correspondía a la Secretaría de Economía. Al ser consultada Economía, prometió emitir una postura desde el pasado 5 de marzo y hasta el cierre de esta edición, no hay nada al respecto.
Las fuentes a las que recurrió este diario, explicaron que las propias reglas del arbitraje internacional advierten que no se pueden impugnar los fallos, “sólo en casos verdaderamente extraordinarios, y este asunto no reúne esos requisitos”.
«México no impugnó porque no hay posibilidad jurídica de hacerlo. El anuncio de que iban a combatir el fallo fue una declaración sin sentido ni soporte jurídico. Una declaración más bien populista”, aseguraron.
Los recursos que contempla el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, son cuatro: Decisión suplementaria o rectificación; aclaración; revisión y anulación.
La revisión únicamente se puede dar si se descubre un hecho nuevo que pudiera influir decisivamente en el laudo, y la anulación, sólo procede en el supuesto de que el tribunal se haya constituido incorrectamente; que el tribunal se extralimitara en sus facultades; que se descubriera corrupción en alguno de sus integrantes o que hubo quebrantamiento grave en alguna norma fundamental de procedimiento.
Las reglas establecen además que el gobierno mexicano tenía 120 días luego de emitida la resolución para solicitar la anulación y 90 días para la revisión.
Las fuentes comentaron que posiblemente lo que ahora busca Odyssey Marine Exploration es intercambiar la indemnización de 37.1 millones de dólares ganada en el arbitraje internacional por el permiso ambiental negado por la Semarnat, para poder operar un yacimiento submarino de fosfato en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, que es la materia prima para producir fertilizantes.
«La entrada de un nuevo socio mexicano con buenas relaciones, podría ser para lograr ese posible intercambio”, comentaron.
El 26 de diciembre de 2024, Odyssey Marine Exploration, dio a conocer en su página de Internet una alianza estratégica para su proyecto de fertilizantes dentro de la Zona Económica Exclusiva de México, con Capital Latinoamericano, S.A. de C.V. (CapLat), representada por Juan Cortina Gallardo, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario.
El objetivo es “establecer una asociación público-privada con el gobierno mexicano, promoviendo la prosperidad compartida a través de una agricultura sostenible que empodera a los agricultores y fortalece a las comunidades locales. El proyecto potencial busca contribuir a los esfuerzos de seguridad alimentaria y nutricional que actualmente lleva a cabo México como parte de una iniciativa más amplia del programa de autosuficiencia alimentaria y agrícola”.
Anteriormente, Odyssey Marine Exploration había concretado una alianza con Altos Hornos de México (AHMSA), y el empresario Alonso Ancira, quien, según la trama que la propia firma estadounidense relató en la demanda internacional, fue el encargado de cabildear con Semarnat la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para el proyecto de minería submarina “Don Diego”.
En una comunicación interna, fechada el 12 de octubre de 2015, la empresa aseguró a sus accionistas que la MIA sería aprobada gracias a la intervención del “multimillonario mexicano”, Alonso Ancira.
Odyssey Marine Exploration decía que la alianza estratégica que había logrado con AHMSA era fundamental por tres razones: su experiencia en la extracción de minerales, las relaciones de Alonso Ancira con los mayores productores de fosfato en el mundo, y su cercanía con el entonces presidente de México, y otros funcionarios del gobierno.
Cabe recordar, que años más tarde, el dueño de AHMSA cayó en desgracia tras ser acusado por el Gobierno de México, de vender a sobreprecio la planta de fertilizantes de Agronitrogenados a Pemex.
Con información de Excélsior
