La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) reiteró que la elección de jueces, magistrados y ministros presenta diversas inconsistencias, así como riesgos.
Además de que lejos de “democratizar” al Poder Judicial, expone su independencia a la franca injerencia política, vulnera los derechos humanos de las personas y compromete la confianza en la República, razón por la cual debe suspenderse.
Peor aún, dijo, el diseño de la elección pone en «riesgo la imparcialidad judicial» al permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes, con un «evidente sesgo» hacia quienes tienen afinidad con el partido en el poder.
«Esto no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que pone en peligro el derecho de las y los ciudadanos a contar con juzgadores imparciales y capacitados, seleccionados con base en méritos y no en lealtades políticas».
También advirtió que las suspensiones judiciales otorgadas contra la reforma judicial han sido desestimadas o ignoradas, «lo que constituye un incumplimiento flagrante» del orden jurídico.
Apuntó que esta conducta puede derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) en todos sus niveles.
Pero incluso, en su desacato, «la autoridad electoral puede llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casillas a convertirse en operadores de la reforma suspendida y por lo tanto incurrir en las mismas conductas sancionables».
«Todo mexicano y mexicana debe saber que esta elección no es más que un instrumento para desmantelar el sistema de contrapesos que garantiza nuestra democracia anulando al Poder Judicial como instancia independiente», añadió la Jufed.
Detalló que el lugar de fortalecer la confianza de la ciudadanía, este proceso «consolidará un régimen autocrático e iliberal, dispuesto a sacrificar la justicia, la libertad y los derechos humanos en aras de su perpetuación en el poder».
La JUFED insistió en sus vías de acción en el terreno nacional y ante La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya, aseguró, ha manifestado su preocupación por la vulneración del Estado de derecho que implica esta modificación constitucional.
Comprometida, la calidad del proceso
Asimismo, recordó que el INE admitió públicamente «los graves desafíos logísticos» que enfrenta debido al recorte presupuestal del 52 por ciento impuesto por el Congreso de la Unión.
«Este ajuste ha forzado a reducir el número de casillas al 43 por ciento de lo inicialmente planeado y a operar con menos de la mitad del personal electoral necesario para garantizar una votación segura, transparente y confiable».
«Igualmente grave resulta la no revisión del padrón electoral y la disminución de recursos materiales que garantizarían la inviolabilidad del voto.
Sin legitimar dicha reforma y su implementación, es claro que estas irregularidades demuestran la inviabilidad de la misma, su inoperancia y desvelan que no hay un apoyo de los ciudadanos, como la narrativa oficial lo hace creer, para el desmantelamiento de la justicia federal, dado el margen de desinterés y abstecionismo que funcionarios y expertos alertan».
Agregó que dichas condiciones comprometen directamente la calidad del proceso electoral «y abren la puerta a irregularidades como el acarreo, la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de votación para los distintos puestos a ser sujetos de elección. Además de que no existen precedentes en el marco electoral para este tipo de procesos y su impugnación».
«También, la complejidad del modelo de votación que contempla seis boletas diferentes con hasta 60 candidatos por cargo, confundirá al electorado y promoverá un voto superficial y mal informado».
Pero no sólo eso, indicó que Consejeros electorales del propio INE han reconocido públicamente que la participación ciudadana podría caer a niveles históricos, con menos del 10 por ciento del padrón votante.
«Esto evidencia que el proceso carece del respaldo social necesario y que no existe un interés popular detrás de esta reforma, sino un intento de concentrar el poder político».
Con información de La Jornada.
