Un juez federal anuló una política del gobierno del presidente Joe Biden que buscaba facilitar el camino hacia la ciudadanía a algunos inmigrantes sin la documentación pertinente que están casados con ciudadanos de Estados Unidos.
El programa, elogiado como una de las mayores iniciativas presidenciales para ayudar a las familias migrantes en años, permitía que los cónyuges y los hijastros de ciudadanos estadounidenses solicitasen una “tarjeta verde”.
Suspensión de ley de ayuda a familias migrantes
La medida contra la deportación brindó una breve sensación de seguridad a las 500.000 personas que se estima que se podrían beneficiar de ella, hasta que el juez del distrito de Estados Unidos en Texas J. Campbell Barker la suspendió en agosto.
Barker dictaminó el jueves que el gobierno se había extralimitado en sus funciones con la aplicación de la norma y estiró la interpretación legal de la ley de inmigración pertinente “más allá de su punto de ruptura”.
Nuevo gobierno rechaza iniciativa “Keeping Families Together”
Era poco probable que la efímera iniciativa de Biden, conocida como “Keeping Families Together” (Manteniendo a las familias unidas), se mantuviese después de que el presidente electo, Donald Trump, asuma el cargo en enero.
Pero su final anticipado crea una mayor incertidumbre para las familias migrantes, mientras muchas se preparan para el regreso del republicano a la Casa Blanca.
La victoria de Trump en las elecciones esta semana prepara el escenario para una represión rápida a las personas sin la documentación adecuada luego de anunciar durante su campaña una “deportación masiva”.
En sus mítines, el republicano enardeció a sus seguidores con una serie de declaraciones antiinmigrantes, incluyendo que estaban “envenenando la sangre” de la nación.
Durante su primer mandato, Trump nombró a Barker como juez en Tyler, Texas, que está en el 5to Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, un lugar favorable para quienes defienden argumentos conservadores.
Barker había suspendido el programa migratorio luego de que Texas y otros 15 estados, encabezados por sus secretarios de Justicia republicanos, presentaron un recurso legal que acusaba al ejecutivo de eludir al Congreso para ayudar a las familias migrantes con “fines políticos descarados”.
Los republicanos argumentaron que la iniciativa tenía un costo para sus estados y podría atraer a más migrantes a Estados Unidos.
La medida se habría aplicado a personas que han vivido de forma continuada en el país durante al menos 10 años, no representan una amenaza de seguridad y han utilizado la herramienta legal conocida como “parole in place”, que ofrece protecciones contra la deportación.
Con información de AP News.
