En los últimos seis años, Veracruz se ha convertido en un territorio de disputa entre poderosos grupos criminales que buscan controlar zonas estratégicas del estado, como rutas de tráfico de drogas y migrantes, al amparo y permisividad del gobierno estatal liderado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Para nadie es un secreto que la entidad ha sido escenario de una escalada de violencia que incluye matanzas de las más sangrientas en la historia reciente de México.
Entre los hechos más notorios está el ataque al bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, en 2019, con un saldo de 31 muertos. En Minatitlán, en el mismo año, 14 muertos, y Las Choapas, en 2021, la masacre que dejó 12 víctimas.
Las más recientes, en 2023, ocurrieron en Tihuatlán, con siete víctimas, y la de San Juan Evangelista, que cobró la vida de nueve personas que fueron ultimadas, investigaciones de las autoridades que sólo se limitan a “venganza entre grupos criminales”.
Violaciones a los derechos humanos que reciben diariamente los familiares de las víctimas de desaparición y desaparición forzada que se tiene en la entidad, prueba de ello son las decenas de fosas clandestinas, incluida la que está considerada como la más grande del país conocida como La Guapota en el municipio de Úrsulo Galván.
Para Marcela López del Colectivo por la Paz Xalapa, las autoridades ministeriales, son omisas en todo lo que tiene que ver con la recolección de muestras de ADN de los restos de cuerpos que están en las fosas clandestinas qué no han sido procesados hasta el momento.
Excelsior
