El presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó la creación del Área Natural Protegida «Felipe Carrillo Puerto» en Quintana Roo, abarcando más de 53,000 hectáreas, incluidas las tierras de la mina Calica, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials.
Este decreto, que se ampara en el artículo 4º constitucional sobre el derecho a un ambiente sano y el artículo 27 que faculta al Estado a imponer restricciones a la propiedad privada en interés público, prohíbe cualquier actividad extractiva en la zona, poniendo fin a las operaciones de la compañía en Playa del Carmen.
El estudio justificativo revela graves impactos ambientales derivados de las actividades mineras en Calica, incluyendo la exposición de cuerpos de agua y alteraciones en los flujos subterráneos. A pesar de los intentos del gobierno mexicano de negociar la compra de las tierras, las conversaciones fracasaron, lo que llevó a la declaratoria oficial.
Horas antes de la publicación del decreto, senadores estadounidenses presentaron una iniciativa de ley para imponer sanciones contra México y las compañías que operen en la Terminal Marítima de Punta Venado.
Mientras tanto, Vulcan Materials continúa su litigio contra el Estado mexicano ante el CIADI, reclamando la clausura de varios de sus predios y la cancelación de permisos operativos.
