Jubilados se manifestaron frente al Congreso Nacional de Argentina y, antes de comenzar a marchar hacia la icónica Plaza de Mayo, fueron reprimidos por el personal policial, que golpeó a varios de ellos y utilizó gas pimienta.
Lo pensionistas estuvieron acompañados, por manifestantes de distintas organizaciones sociales y políticas que se sumaron a su reclamo contra la decisión del presidente de vetar la ley, aprobada la semana pasada por amplia mayoría en el Senado.
Esta establece una fórmula de actualización mensual de las jubilaciones que combina el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1 %.
Policía contra manifestantes
La represión policial se debió a que los manifestantes cortaron parcialmente la Avenida Rivadavia y rechazaron acatar la orden de regresar a la acera, tras lo cual los efectivos intentaron sacarlos por la fuerza.
Esto desató enfrentamientos, en los que la Policía utilizó gas pimienta y golpeó a algunos jubilados con porras (garrotes), en aplicación del protocolo antidisturbios dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Poco después, sin embargo, la marcha prevista a Plaza de Mayo comenzó con normalidad y concentró a unas 2.500 personas, rodeadas de un fuerte operativo policial.
El presidente tiene hasta diez días hábiles para llevar adelante el veto contra la reforma jubilatoria aprobada el 22 de agosto y que, según el Gobierno, implicaría un gasto del 1,2 % del PBI.
Jubilaciones afectadas por ajuste
Las jubilaciones han sido una de las asignaciones más afectadas por el plan de ajuste del Ejecutivo de Javier Milei puesto en marcha desde que asumió el 10 de diciembre pasado.
Aunque en marzo el mandatario actualizó por decreto las pensiones, basándose en la inflación, y no mediante una fórmula que regía desde 2021.
Con una inflación del 263,4 % interanual, una de las más altas del mundo, Argentina tiene al 65 % de los 6,5 millones de sus jubilados bajo cobros mínimos y refuerzos de emergencia que llegan a los 305 dólares mensuales -al tipo de cambio oficial-, que representa un 82 % del salario mínimo legal del país.
La Constitución argentina habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, mientras que el Parlamento puede superar esto volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas.
Con información de DW.