Entre las medidas propuestas se incluyen la organización de un acto público con las víctimas y sus familiares, así como la adopción de medidas legales y administrativas para aquellos casos que no hayan tenido oportunidad de reparación en el ámbito judicial. Además, el Ejecutivo busca crear, en colaboración con la Iglesia, un fondo estatal de compensación para las víctimas.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció esta exigencia tras reunirse con asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica. El encuentro se produjo un día antes de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) debata y vote el «Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales a Menores y Personas Vulnerables.»
El portavoz de la CEE, César García Magán, afirmó que los obispos habían informado al Gobierno de sus intenciones, aunque Bolaños contradijo esta declaración. Según el ministerio, el plan de la Iglesia no garantiza la reparación adecuada, ya que no es obligatorio ni vinculante para las diócesis.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de abril un plan de implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia, con el objetivo de saldar la deuda con las víctimas.
Este plan incluye un acto público con las víctimas y un fondo estatal de compensación. No obstante, los obispos solo aceptarán participar en un fondo que beneficie a todas las víctimas de abusos, no solo a las de la Iglesia.
En la reunión participaron diversas asociaciones de víctimas y representantes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El objetivo del Gobierno es establecer un sistema de reparación que garantice un entorno seguro, transparente y adecuado para las víctimas, con la participación de profesionales independientes y la cooperación de la Iglesia.
Información de la mano con El Economista
