El Instituto Nacional de Migración pagaría 300 millones de pesos por reparación de daños, por el incendio en el interior de la estación migratoria en Ciudad Juárez, el cual provocó la muerte de 40 migrantes y dejó 27 personas heridas.
Los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2023, tras un amotinamiento de un grupo de migrantes en el interior de la estación migratoria llamada, Lerdo-Stanton del INM, sin embargo, por videos difundidos en redes sociales, se comprobó que hubo dilación en el actuar del personal de vigilancia y del propio INM.
El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, informó que en 15 días el juez encargado del caso, estaría determinando lo procedente, y en el caso del organismo si cuenta con la capacidad presupuestaria para poder cubrir.
Mencionó que como comisionado del INM se ha presentado a firmar ante el juzgado hasta en 18 ocasiones: “hasta el momento no he faltado a ninguna cita judicial, he acatado como sujeto de un proceso penal”, sostuvo.
Explicó que de los 40 fallecidos, se les ha dado una liquidación por daños a 35 familiares y están pendientes los venezolanos. “El problema es que los bancos de Venezuela no admiten ese tipo de depósitos por no estar registrados en la organización bancaria internacional”, sostuvo.
Asimismo, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito emitió un dictamen para 19 de los 27 migrantes que resultaron heridos y por lo tanto hacen falta ocho. Lo que ha retrasado el pago es la falta del dictamen pericial.
Indicó que por cada persona fallecida se pagó alrededor de 3.5 millones de pesos y a los heridos se les dará una indemnización de 3 a 4 millones de pesos.
Mencionó que el proceso ha sido doloroso para él, debido a que toda su vida profesional se ha dedicado a defender los derechos humanos.
Nunca creí estar involucrado en este tipo de escenarios, en donde el acto transcurrió en por lo menos tres minutos, a causa de dos venezolanos que quemaron colchonetas y un elemento de vigilancia de una empresa privada nunca otorgó las llaves de la puerta para salvar a las personas”.
Explicó que como servidor publico está sometido a un proceso penal y está a la espera de que se resuelva el señalamiento. “En cuanto a la acusación mía y que estoy sujeto a proceso, pues no soy yo quien esté juzgando, estoy sometido a un juez que tiene que respetar el proceso penal y a él me estoy sometiendo”.
Excelsior
