El Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Fiscalía de Nuevo León han expresado su descontento hacia el gobernador Samuel García, alegando que supuestamente bajo su instrucción se detuvo el depósito de los pagos correspondientes a los salarios de la primera quincena de abril.
Las instituciones que se sumaron a este reclamo público la tarde del lunes 15 de abril incluyen la Fiscalía General, el Poder Judicial en su conjunto y el Congreso, afectando a cerca de 6 mil 150 trabajadores que aún no han recibido el pago de sus salarios.
Además, este no es el primer incidente de este tipo, ya que se han registrado situaciones similares en el pasado.
«Reprobamos profundamente este tipo de acciones que afectan a las familias de los servidores públicos y exigimos a Samuel García que gire instrucciones con carácter de urgencia para que se realice el depósito correspondiente que permita cubrir el pago de las personas que trabajan por el bien de Nuevo León», expresó un comunicado lanzado públicamente a través de las redes sociales de la Fiscalía.
En noviembre del año pasado también se retuvieron salarios presuntamente por instrucción de Samuel García, y en la segunda quincena de enero pasado se reportó una situación similar, lo que ha incrementado las quejas de los servidores públicos afectados en esta ocasión.
Hasta el momento, el gobernador de Nuevo León no ha emitido ningún comentario sobre las acusaciones en su contra por parte de servidores de otros poderes ni de la fiscalía.
Este conflicto entre el gobernador y funcionarios de otros poderes lleva meses, marcado por diferencias políticas y polémicas, como las reportadas a finales del año pasado, cuando los legisladores locales no permitieron su propuesta para dejar a un encargado de despacho antes de lanzarse por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.
Información de la mano con El Financiero
