El presidente Andrés Manuel López Obrador busca imponer prisión preventiva oficiosa a la extorsión y producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas, como el fentanilo, con el argumento de que los órganos jurisdiccionales no cumplen con su obligación de brindar seguridad a la ciudadanía.
Entre el paquete de iniciativas que el mandatario enviará al Congreso el 5 de febrero, están desaparecer organismos autónomos y órganos reguladores de energía y trasladar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) las funciones del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) en materia de datos personales y a las dependencias del gobierno las de transparencia.
De acuerdo con las iniciativas, el presidente quiere incluir la extorsión y el tráfico de drogas al catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 de la Constitución.
Argumenta que la extorsión se ha incrementado en los últimos años y vulnera la seguridad, el bienestar de las personas e inhibe el desarrollo económico.
Reconoce que existe un importante problema por la producción, distribución y enajenación ilícita de drogas como el fentanilo y metanfetaminas.
“Una de las principales problemáticas que sigue enfrentando la ciudadanía se relaciona con la incapacidad o desinterés de los órganos jurisdiccionales para cumplir sus obligaciones con la ciudadanía y otorgarle tranquilidad.
“Es necesario establecer en la Constitución la medida cautelar que deba aplicarse para el caso de que se lleve un procedimiento penal por extorsión y producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas”, se lee en el documento.
Al incluir estos delitos en el segundo párrafo del 19 constitucional, considera, se logrará que quienes cometan estas conductas ilícitas lleven su proceso en prisión preventiva, y con ello proteger a las víctimas de su agresor, evitar que los delincuentes se sustraigan de la justicia, se impida que amenacen o atenten contra los testigos y se detenga la reincidencia”.
“Ahorro presupuestal”
La iniciativa para extinguir al INAI, a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sostiene que son “creaciones relacionadas con la implementación de políticas neoliberales”.
Menciona que desde su creación han recibido más de 26 mil millones de pesos y el presupuesto de la mayoría se ha incrementado anualmente.
“La iniciativa busca la reincorporación de las funciones efectuadas por los organismos autónomos y órganos reguladores en materia de energía, evitando así su duplicidad de funciones y permitiendo un ahorro presupuestal, sin afectar las funciones que desempeñan”, destaca.
Plantea que las funciones de la Cofece sean transferidas a la Secretaría de Economía, mientras que las tareas de la CRE y la CNH, a la de Energía.
Las facultades y obligaciones del INAI pasarían a la Secretaría de la Función Pública en cuanto al derecho a la información, transparencia y datos de funcionarios.
Dichas obligaciones del Poder Judicial y el Congreso serían asumidas por sus propias contralorías; en el caso de los partidos, la tutela de esas obligaciones pasaría al INE, y de los sindicatos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
“Por lo que hace a la información relacionada con datos personales en posesión de particulares, la CNDH conocerá de los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones, de conformidad con el artículo 102”.
En tanto, Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, detalló que en total serán 11 iniciativas, incluidas las reformas al Poder Judicial y electoral.
Con información de Milenio.
