El gobernador de Texas, Greg Abbott promulgó una ley que permite a la policía detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos.
Además de otorgar a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país, poniendo a prueba los límites sobre qué tan lejos puede llegar un estado en la aplicación de las leyes migratorias.
Sus detractores han calificado la medida como el intento más drástico por parte de un estado para controlar la inmigración desde la ley de Arizona de 2010, que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema federal.
La aplicación de las leyes de inmigración es competencia federal, por lo que también es previsible que la ley de Texas sea impugnada rápidamente en los tribunales.
Parámetros de la Ley
La nueva medida, que entrará en vigor en marzo, permite que cualquier agente policial de Texas detenga a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país.
Una vez bajo custodia, pueden acceder a cumplir la orden de un juez estatal y regresar al extranjero, o ser procesadas por cargos menores de ingreso ilícito.
Los migrantes que no salgan de Estados Unidos podrían enfrentarse a una nueva detención por cargos de delitos graves.
Abbott, quien promulgó la iniciativa frente a un tramo del muro fronterizo en Brownsville, pronosticó que el número de personas que cruzan ilegalmente hacia Texas caerá “muy por encima del 50%, tal vez el 75%”. No presentó evidencia que respalde esos cálculos.
“Las consecuencias de hacerlo son tan graves que las personas que están siendo traficadas por los cárteles no querrán venir hacia el estado de Texas”, declaró.
La ley intensifica las tensiones en materia migratoria en medio de un forcejeo entre la Casa Blanca y los negociadores del Senado para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza.
Republicanos exigen cambios en el sistema migratorio
Los legisladores republicanos exigen cambios en el sistema migratorio a cambio de cualquier asistencia para Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad nacional.
Los republicanos de Texas han desafiado cada vez más la autoridad del gobierno federal en materia migratoria, y alegan que el gobierno del presidente Joe Biden no está haciendo lo suficiente para controlar los 3.149 kilómetros (1.950 millas) que abarca la frontera sur estadounidense.
Desde agosto de 2022, Texas ha enviado en autobús a más de 65.000 migrantes a otras ciudades del país, y más recientemente instaló alambre de púas a lo largo de las márgenes del río Bravo (o Grande), el cual ha provocado que algunos solicitantes de asilo se lesionen.
Por otra parte, el gobierno federal cerró temporalmente el lunes dos pasos fronterizos ferroviarios en Texas, una medida que los operadores de trenes dijeron que obstaculizaría el comercio antes de la Navidad.
Troy Miller, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), señaló que los cierres en los cruces en Eagle Pass y El Paso se realizaron en respuesta a que cada vez más migrantes se trasladan en trenes de carga, particularmente durante la última semana.
Miller indicó que las autoridades registran una cifra “sin precedentes” de arribos a la frontera, mayor a 10.000 cruces en ciertos días este mes.
Poco después de que Abbott promulgó la nueva ley, la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas informó que la impugnará ante los tribunales.
Más de 20 legisladores demócratas también firmaron una misiva en la que exhortan al Departamento de Justicia federal a que interponga una demanda para frenar la ley, conocida como Iniciativa 4 del Senado (SB 4 por sus iniciales en inglés).
“La SB 4 es peligrosa para la población de Texas e interfiere con la competencia exclusiva del gobierno federal en materia migratoria y de asuntos exteriores”, se lee en la carta.
El gobierno mexicano también ha rechazado la medida. En virtud de los acuerdos bilaterales e internacionales, México está obligado a aceptar la deportación de sus ciudadanos, pero no la de migrantes de otros países.
Según la nueva ley de Texas, los migrantes a los que se les ordene salir del país serán enviados a puertos de entrada ubicados a lo largo de la frontera con México, incluso si no son ciudadanos mexicanos.
La mayoría de los migrantes detenidos por cruzar ilegalmente la frontera durante septiembre y octubre provenían de Venezuela.
Con información de AP News.
