Una de las iniciativas más fuertes del Gobierno de Gabriel Boric, fue frenada por el clamor social.
En un plebiscito, los chilenos rechazaron ayer la propuesta de nueva Constitución elaborada por una asamblea dominada por fuerzas de derecha, con lo que se mantiene en vigor el texto actual que data de la dictadura militar mientras el gobierno reafirmó que no impulsará un nuevo intento.
El Servicio Electoral de Chile (Servel) informó en su página web que con un 99.65% de las mesas de votación escrutadas, la opción “en contra” se impuso con 55.76% de los votos, mientras que la alternativa “a favor” obtuvo 44.24 por ciento.
El resultado marca el cierre de un ciclo de cuatro años y varias elecciones en el país sudamericano desde que a fines de 2019 los chilenos iniciaron un camino de cambio constitucional como respuesta a grandes movilizaciones sociales contra la desigualdad y el acceso a servicios de calidad.
«Con esto, durante este mandato, se cierra el proceso constitucional (…) Nuestro país seguirá con la Constitución vigente, porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas ninguna logró representar ni unir a Chile en su hermosa diversidad”, afirmó el mandatario izquierdista en una declaración desde la sede de gobierno.
«El país se polarizó, se dividió y, al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada para todos”, añadió Boric.
«La política ha quedado en deuda”, añadió el mandatario. “Lo que hoy demanda la ciudadanía es mayor capacidad de diálogo, de consensos, pero sobre todo de acción, de resolución, de abandonar las trincheras”.
Sigue vigente la Constitución favorable al mercado promulgada en 1980 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, un texto sometido a varias y profundas reformas, la más extensa bajo el gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos en 2005.
El texto, que elaboró un consejo dominado por el Partido Republicano, es todavía más conservador que el heredado de la dictadura.
Entre otros artículos, el nuevo marco normativo limita el rol del Estado en la economía de mercado y podría dar pie a revisar el derecho al aborto en sus tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre).
Además, endurece el trato a los migrantes con la expulsión “en el menor tiempo posible” de quienes estén en situación irregular.
Con información de Excélsior.
