La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción dio a conocer la detención de un exservidor público del municipio de Querétaro el pasado 16 de noviembre.
El motivo del arresto fue por el delito de Negociaciones Ilícitas, delito previsto y sancionado por el Código Penal del Estado, como un delito de corrupción.
Destacar que la Fiscalía Anticorrupción, recibió una denuncia por parte del Órgano Interno de Control del municipio de Querétaro, sobre varios servidores públicos que tenían a su cargo la operación de un programa de apoyo económico a comerciantes, quienes sufrieron pérdidas económicas durante la pandemia de COVID-19.
De las revisiones que se realizaron a dicho programa se detectaron diversas irregularidades, tales como la asignación del apoyo económico a los beneficiarios a través de tarjetas bancarias, así como la comprobación del mismo.
Se advirtió la alteración del padrón de beneficiarios, en el cual se logró establecer que hubo personas que no solicitaron el apoyo.
Aunque, el dinero sí salió de las arcas municipales, entre otras acciones que propiciaron un detrimento millonario al ente municipal.
Un Fiscal Especializado, llevó a cabo la indagatoria, consistente en recabar diversos datos de prueba, tanto de naturaleza documental como financiera y contable.
Estas acciones permitieron acudir ante un Juez de Control, quien autorizó la respectiva orden de aprehensión.
La orden de captura que llevaron cabo, integrantes del Grupo de Policía Anticorrupción, al ubicar al imputado en el Estado de Hidalgo y, vía colaboración con la Procuraduría de esa entidad, se logró la ejecución del mandato de captura, con pleno respeto a sus derechos humanos.
El 17 de noviembre, dio inicio la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso, la cual, a petición de la defensa, se reanudo este día.
En la audiencia el Juez de Control, con los datos aportados por Fiscales Anticorrupción, decretó la vinculación a proceso y determinó sujetar a prisión preventiva justificada al imputado, señalando un plazo de 4 meses para llevar a cabo la investigación complementaria, tiempo en el cual se seguirán recabando los datos de prueba para lograr una sentencia ejemplar.
