El Poder Ejecutivo ya cumplió al 100 por ciento con la presentación de la declaración de modificación patrimonial y de intereses 2023.
Esto luego de que el primero de mayo inició esta obligación que deben cumplir 60 mil 981 servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los 18 municipios y de entidades autónomas a más tardar este 31 de mayo.
El secretario de la Contraloría Estatal, Oscar García González, destacó que cuatro mil 561 personas del Poder Ejecutivo entregaron en tiempo y forma su declaración patrimonial de bienes.
“Desde la semana pasada el Poder Ejecutivo logró el 100 por ciento de cumplimento, cuatro mil 561 personas entregaron en tiempo y forma su declaración patrimonial de bienes”, acotó.
Explicó que en general se lleva un avance del 97 por ciento en todo el estado, por lo que, se espera llegar en dos días a la meta del 100 por ciento, tanto en entidades, como en municipios y los Poderes Legislativo y Judicial.
Óscar García, sostuvo que aún faltan alrededor de dos mil servidores públicos en cumplir con la presentación de la declaración de modificación patrimonial y de intereses 2023.
También informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado a Querétaro 40 auditorías a 28 rubros, a través de las cuales, se ha fiscalizado 55 mil 125 millones de pesos; mientras que la Función Pública ha realizado cuatro auditorías con un monto fiscalizado de 783 millones 207 mil pesos.
A su vez, la Secretaría de la Contraloría Estatal ha hecho 327 auditorías concluidas, mediante las cuales se ha fiscalizado un recurso público de 53 mil 907 millones de pesos, lo cual representa el 63 por ciento del presupuesto de egresos del estado.
Derivado de esto, reiteró que en Querétaro hay cero observaciones, cero recomendaciones, cero pesos por reintegrar o aclarar, con lo cual, demuestra que en Querétaro se manejan bien los recursos públicos federales.
Asimismo, dio a conocer que se ha logrado recuperar a la fecha 18 millones 628 mil pesos de recurso mal aplicado, mal cobrado, mal ejecutado o mal ejercido por parte de algún servidor público, proveedor o contratista.
Por: Luis Arturo Pérez.
