El Congreso de Ecuador inició este martes el juicio político contra el presidente conservador Guillermo Lasso, a quien la mayoritaria oposición de izquierda pretende destituir en medio de una crisis institucional.
En un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de la vida, lo que puede ser el fin del gobierno de derecha es para el principal bloque de izquierda una oportunidad para recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa, prófugo en Europa y condenado a ocho años de cárcel.
Con la asistencia de 109 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional abrió la sesión en Quito con la presentación del caso y los primeros argumentos para encausar al mandatario por el presunto delito de peculado.
«Los ecuatorianos nos exigen que solucionemos sus problemas cotidianos y pongamos fin a una irracional confrontación que agota la paciencia de la población, que incrementa el desasosiego y debilita nuestra democracia», expresó Lasso por Twitter tras el arranque del juicio.
El mandatario, que no está condenado por el delito que se le acusa, confirmó en la misma red social que hacia el mediodía del martes comparecerá ante la Asamblea para enfrentar un «JuicioSinPruebas». Los diputados interpelantes tienen dos horas para hablar en el hemiciclo antes de escuchar al presidente, en el poder desde 2021.
Entretanto, varias centenas de simpatizantes del oficialismo se concentraban de manera pacífica en los alrededores del Parlamento, que está acordonado por policías. En las afueras estaban instaladas pantallas gigantes, una de las cuales transmitía propaganda gubernamental. Los seguidores del gobernante ondeaban banderas de Ecuador, lanzaban gritos contra los asambleístas y mostraban carteles con consignas como «¡Viva la democracia!» y «Defendemos la democracia y la paz».
Un juicio a un presidente «es uno de los puntos más graves del acto político entre la Asamblea y presidencia, entre dos poderes del Estado», comentó el politólogo Esteban Nichols, de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito.
El proceso, cuya votación podría tomar varios días, despierta los fantasmas de la inestabilidad política que vivió Ecuador entre 1997 y 2005, cuando tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados. El Congreso requiere 92 de los 137 votos para cesar a Lasso, acusado de presunto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Según las denuncias, el presidente, en el poder desde 2021, continuó con un contrato firmado antes de su posesión para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker, que dejó pérdidas por más de seis millones de dólares. De 67 años, el exbanquero nuevamente queda entre la espada y la pared. En junio pasado el Parlamento intentó mediante votación directa destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida.
Al Congreso, en esa ocasión, le faltaron 12 sufragios para concretar la remoción por una grave crisis política y conmoción interna. De salvarse nuevamente, Lasso no tendrá más que «ver cómo el país sigue por el despeñadero» al tener que gobernar con un Congreso opositor y sin puentes de comunicación, señaló a la AFP el constitucionalista Rafael Oyarte. Sangrientas manifestaciones contra el gobierno y fracasos en las urnas han debilitado la imagen del mandatario.
Organizaciones sociales antigobierno también han llamado a movilizaciones este martes mientras se desarrolla el juicio, en el que el jefe de Estado tendrá tres horas para presentar su defensa en el hemiciclo. A la oposición «lo único que le interesa es la desestabilización por encima de la estabilidad y el fortalecimiento institucional que tanto requiere el país», expresó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, a la prensa.
La Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó en un comunicado la necesidad de que el juicio «ofrezca todas las garantías de justicia y respete las normas del debido proceso». Bajo la manga, al mandatario le queda el mecanismo de la denominada «muerte cruzada», que implica disolver el Congreso para dar paso a elecciones generales anticipadas.
«Ahí es cuando podría potencialmente haber un problema social, una inestabilidad real» por las pugnas de poder y vacíos que deja esa figura, sostuvo Nichols.
La disolución fue implantada por el gobierno de Correa (2007-2017) y sería la primera vez que se aplica. Para Oyarte, este mecanismo sería una «irresponsabilidad política» que beneficiaría a la izquierda como el correísmo en el caso de comicios antes de hora.
«Si bien no es seguro que obtengan la presidencia de la República, algo si es seguro: sus parlamentarios que hoy suman 49 de 137, subirán sus escaños», sostuvo.
De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que en 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933). Será subrogado por su vicepresidente Alfredo Borrero para completar el período de cuatro años.
Con información de Excélsior
