El titular de la la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Querétaro, Benjamín Vargas Salazar, rindió su sexto informe de actividades ante el Congreso local.
Señaló que, durante el 2022, fueron condenados 16 funcionarios públicos de los municipios de: Querétaro, Colón, El Marqués, Corregidora, San Juan del Río y Pinal de Amoles, de cargos que van desde presidentes municipales a secretarios.
Las sentencias constituyen 62 años de prisión, 50 años de inhabilitación y la respectiva suspención de derechos civiles y políticos.
Por segunda ocasión, se ordenó la disolución de una empresa por constituir instrumento de delito de corrupción.
Vargas Salazar destacó el marco legal para combatir el delito de corrupción que tiene el estado, lo que ha permitido ser referente a nivel nacional según organizaciones como IMCO, TOJIL y USAID.
Asimismo, la asociación World Justice Project colocó a la Fiscalía Anticorrupción local en el primer lugar nacional en rubros como ausencia de corrupción, derechos fundamentales y justicia penal.
«En Querétaro demostramos que la ley en materia de combate a la corrupción no es letra muerta. Desde el año 2016 cuando este congreso convirtió en nuestra entidad en la segunda en retirar el fuero a altos funcionarios y a aquellos que específicamente señalaba la Constitución, hemos trabajado de manera contundente. No importa el cargo que ostente cuando alguien comete un delito de corrupción tiene que afrontar su responsabilidad y sus consecuencias».
Durante el periodo informado, se judicializaron 78% más de carpetas de investigación, 44 personas vinculadas a proceso y 144% más de cumplimiento de órdenes de aprehensión.
Por su parte, la Unidad de Inteligente Patrimonial y Económica ha recuperado un monto de 22 millones 664 mil pesos.
Por último, informó que, en cuanto los servicios periciales, se hicieron 21 intervenciones que implicó la revisión y procesamiento de más de 26 mil documentos.
Agustín Murillo
