La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Gobierno de México por el uso de la prisión preventiva oficiosa, ordenó adecuar su ordenamiento jurídico y hacerlo compatible con la Convención Americana. Sostiene que México debe adecuar a estándares internacionales su ordenamiento jurídico y hacerlo compatible con la Convención Americana.
La Corte Interamericana encontró al Estado de México responsable por violación de derechos de dos hombres que enviaron a prisión preventiva por 17 años y que sufrieron torturas mientras estuvieron detenidos.
El caso se refiere a las violaciones de proceso y libertad personal contra Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, acusados de un asesinato en 2001. Permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en el país ha estado en la cárcel sin sentencia, en 2019 quedaron bajo arresto domiciliario. Hasta 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel y su sentencia está en apelación.
“Para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó en los hechos que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio acompañado de sus garantías, y por un lapso que excede todo plazo razonable ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria”, señala la CIDH.
La CIDH ordenó a México concluir con los procesos penales, revisar la pertinencia de mantener medidas cautelares y excluir del proceso los antecedentes incriminatorios bajo coacción o tortura. Igualmente, el Estado está obligado a investigar y sancionar a los responsables de los actos de tortura y pagar indemnizaciones a ambas víctimas por concepto de daños materiales e inmateriales.
Fuente: López-Dóriga Digital
