La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, por no haber presentado antes del 20 de noviembre del 2022 el Presupuesto de Egresos 2023.
El organismo legislativo determinó que el mandatario tiene como plazo el próximo viernes 10 de febrero a las 16:30 horas para que comparezca ante la Comisión o responda por escrito.
“Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, en términos del segundo párrafo del artículo 16 de Juicio Político del Estado de Nuevo León, se emplace al denunciado para que exponga a esta Comisión lo que a su derecho convenga compareciendo o informando por escrito dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, corriéndole traslado con copias de la denuncia y demás documentos que la integran”, se lee en el acuerdo.
También solicitan a García que informe el nombre de su defensor o si requiere que le sea designado uno del Instituto de Defensoría Pública del Estado.
Además, al gobernador se le reclama que no publicó en el Diario Oficial del Estado 56 decretos aprobados por el Legislativo.
El inicio del procedimiento de juicio político fue aprobado por el PRI y el PAN, con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, así como de Morena y aliados. La propuesta surgió de la diputada panista Annia Gómez Cárdenas y del priista José Luis Garza Ochoa.
Por su parte, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes y Sandra Pámanes, acusaron que el procedimiento carece de fundamento, porque los decretos ya fueron publicados, por lo que consideran que se trata de una “capricho” y un acto de “revanchismo” del PRI y del PAN.
En ese sentido, detallaron que la Constitución local contiene una salvedad sobre la presentación del presupuesto, que establece la aplicación del del año anterior.
Además, criticaron que la Comisión fuese convocada con una hora de anticipación y que el acuerdo no fue distribuido entre los legisladores.
También apuntaron el incumplimiento del plazo establecido en el artículo 15 de la Ley de Juicio Político, que es de cinco días hábiles y que fue rebasado ya que la denuncia se presentó el 12 de diciembre del año pasado.
