El Instituto Queretano de las Mujeres (IQM) y la Secretaría de la Contraloría, presentaron el protocolo para prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento en razón de género en el ámbito laboral del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y sus entidades.
La Directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Kuri Lorenzo, dio a conocer que el principal objetivo de este protocolo es establecer los mecanismos, instituciones y procesos a través de los cuales se prevendrán y atenderán conductas que impidan o limiten el desempeño de los trabajdores.
«Dicho protocolo tiene como propósito establecer los mecanismos, instituciones y procesos a través de los cuales se provendrán y atenderán conductas que limiten o impidan el desarrollo del personal en el servicio público», detalló.
Sostuvo que para poder llevar a cabo la aplicación de este protocolo por parte de todas las dependencias y entidades pertenecientes al Poder Ejecutivo, se debe contar con titulares de cada organismos capacitados para el acompañamiento del proceso que deriva del protocolo.
Marisol Kuri, apuntó que dicha capacitación ya se inició en el Instituto Queretano de las Mujeres (IQM).
Agregó que también se instalará un comité de igualdad laboral y no discriminación en todas las instancias del gabienete estatal con la norma 025 con su certificado.
Para la atención de casos de violencia en materia laboral, incluyendo el acoso laboral, el hostigamiento y acoso por razón de género, la persona consejera deberá comunicar a la presunta víctima la existencia de distintas vías para la solución del caso.
La titular del IQM, señaló que el comité podrá definir ciertas medidas de protección con el fin de evitar que la probable víctima no reciba actos de violencia.
Para la resolución del procedimiento el comité de cada dependencia deberá revisar las evidencias y la narrativa de los hechos para emitir medidas de protección y turnar para conocimiento al Órgano Interno de Control o a la Secretaría de la Contraloría y brindar el acompañamiento a las víctimas en su decisión de proceder ante las instancias competentes, para sancionar en la vía penal, administrativa o laboral.
Por: Luis Arturo Pérez.
