La ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al tomar posesión del cargo afirmó que representará a todas las mujeres dentro del Poder Judicial, así como a las ciudadanas.
Nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres. Ese es un anhelo, que no les quepa duda”, dijo.
Piña Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); especializada en Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Penal y Argumentación Jurídica.
Antes de formar una carrera como jueza y magistrada la ministra fue profesora de Educación Primaria.
Ha impartido cursos y diplomados y participado en conferencias en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Senado de la República.
También cuenta con las publicaciones “Selección, nombramiento y garantías de los jueces federales en México”; Estudios en Homenaje al Doctor Héctor Fix-Zamudio en sus treinta años como investigador de las ciencias jurídicas; “La inconstitucionalidad del Sistema de Multas Fijas”; “El Arresto como Medida de Apremio” y “Por los Tribunales”.
En un escrito titulado “Los retos de la justicia constitucional en México. Mi visión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, la hoy ministra presidenta destacó campos positivos dentro de la SCJN pero “insuficientes”.
Reclamó que persiste entre los mexicanos la aspiración a que sus derechos reconocidos en la Constitución se materialicen también en sus vidas cotidianas, a que el derecho en los libros se convierta en derecho vivo, en una realidad.
Para que los cambios al sistema jurídico lleguen a la sociedad y sean operativos, es necesario realizar una transformación de nuestra cultura jurídica: practicar la constitución… Cobra especial relevancia la actuación del poder judicial y, específicamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país y último garante e intérprete de la Constitución, porque debe hacer frente a retos de gran envergadura”, expuso.
Enumeró como retos dar eficacia a la reforma sobre derechos humanos; hacer eficaz el nuevo juicio de amparo; consolidar una doctrina constitucional; consolidar una Suprema Corte para la democracia; interpretar el sistema acusatorio en materia penal y otras reformas relevantes; impulsar un nuevo modelo juez; brindar seguridad jurídica, y hacer accesible la justicia.
López-Dóriga Digital
