En su despedida como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar criticó el nepotismo y la corrupción del Poder Judicial y advirtió que la justicia es una palabra vacía para la gran mayoría del pueblo.
Ante los Plenos conjuntos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Zaldívar Lelo de Larrea reconoció que el acceso a tribunales para defender los derechos de las personas es una promesa sin cumplir para la población mexicana.
Al rendir su cuarto y último informe, Zaldívar también “un México justo e igualitario, sin discriminación, clasismo ni racismo” en el que no se condene a la gente a la marginación por su color de piel, su origen étnico, su pertenecencia a la diversidad sexual o su nivel económico.
Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro Zaldívar dijo que durante su gestión le tocó enfrentar “a las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la judicatura”, primero con sanciones y luego con acciones preventivas.
Destacó que, por primera vez, el Consejo de la Judicatura con un sistema de control interno que permite analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos, mediante la comparación de ejercicios, altas, bajas y otro tipo de cruces de información que permiten conocer la integridad patrimonial de los funcionarios judiciales.
Agregó que derivado de las políticas anticorrupción del CJF, en lo que va del 2022 se sancionó a 17 titulares de tribunales y juzgados, se impusieron sanciones económicas por más de 16 millones de pesos, y se judicializaron tres carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación.
Zaldívar también presumió que en cuatro años logró erradicar el nepotismo en la carrera judicial, por lo que ahora los ascensos se logran solamente por méritos y en igualdad de oportunidades.
Zaldívar también dijo que la reforma judicial dio sus primeros frutos al disminuir la carga de trabajo de las Salas de la Suprema Corte, particularmente con una mayor discrecionalidad para que se puedan desechar los amparos directos en revisión y eliminando el recurso de reclamación en contra de esta determinación.
“Hoy los resultados son contundentes. Mientras que en 2018 las Salas resolvieron 7,728 asuntos en sesión, este año la cifra fue de 2,387: una reducción de casi el 70% en la carga de trabajo, lo que permite a las ponencias centrar sus esfuerzos en la argumentación de las sentencias y en acercar los derechos humanos a la vida cotidiana de todas las personas”, concluyó.
Por último,dio a conocer que la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del PJF, creada durante su gestión, recibió más de 5,000 denuncia por tortura o malos tratos.
