Los últimos felinos que se encontraban en la Fundación Black Jaguar – White Tiger, cerrada por denuncias de maltrato animal, fueron trasladados informó este miércoles la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Los ejemplares fueron trasladados a sitios donde ya no corre riesgo su vida”, aseguró la dependencia.
En julio, el ambientalista Arturo Islas Allende, acusó a través de redes sociales a la fundación Black Jaguar-White Tiger de maltrato animal por las condiciones en las que se encontraban los felinos en el sitio.
En respuesta, la Profepa realizó una inspección al predio ubicado en el Ajusco, Tlalpan. A fin de atender las denuncias por violaciones al trato digno y respetuoso de ejemplares de vida silvestre, los inspectores clausuraron el lugar.
Por su parte, elementos de la fuerza de Seguridad de la Ciudad de México aseguraron alrededor de 200 felinos, 17 monos, cuatro caninos, dos coyotes y dos asnos.
Más tarde, organizaciones aseguraron que algunos los ejemplares presentaban afectaciones como daños renales, hepáticos, ceguera o descalcificación, lesiones como heridas o amputaciones parciales en sus colas, desnutrición, bajo peso, entre otras.
Desde el cierre del sitio, la Profepa realizó revisiones veterinarias a los más de 200 ejemplares, instauró un plan de estabilización que contempló su alimentación, hidratación, seguimiento médico y la limpieza de sus jaulas para la recuperación corporal y anímica previo a su traslado.
Así mismo se verificó que los sitios que recibieron a los animales contaran con infraestructura adecuada, capacidad económica para la atención de los ejemplares y cumplimiento de sus obligaciones ambientales, aseguró la procuraduría.
En total, todas las especies fueron reubicados en 20 entidades distintas del territorio nacional.
Ante los hechos, se interpuso una denuncia penal en contra de Eduardo Mauricio Serio en su calidad de dueño del “Gran Santuario Mexicano Black Jaguar – White Tiger” por graves daños contra la biodiversidad.
La Asociación de Zoológico, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) ratificó y amplió la misma, por la muerte de animales y por el delito de tráfico ilegal de especies.
La Profepa afirmó este miércoles que continúa “colaborando con las autoridades correspondientes para sustanciar el caso y dar resolución a las denuncias”.