En un contexto de violencia, migración y encarcelamientos por delitos prefabricados, cien mujeres asistieron este sábado al Primer Encuentro de Mujeres Indígenas Desplazadas Forzadas Internas en el estado de Chiapas, al celebrarse el viernes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
A este encuentro asistieron comisiones de mujeres tzotziles y tzeltales desplazadas internas de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Ocosingo, donde tocaron temas sobre su desplazamiento y los avances que han logrado para defender sus derechos comunales y sus Derechos Humanos.
Las mujeres tzotziles hablaron abiertamente sobre las secuelas que les ha dejado a ellas y sus familias estos conflictos sociales, donde han perdido parcelas, hijos y esposos, y se hace presente el olvido de las autoridades municipales y estatales.
Resaltaron que los problemas internos de las comunidades son gestados por las autoridades comunales y administradas por las autoridades municipales y estatales que, dijeron, hacen caso omiso a las peticiones de auxilio de las mujeres, quienes por su condición étnica y exclusión histórica son aún ignoradas.
De las historias contadas por las víctimas han pasado de dos a tres años sin tener justicia y viven en constante incertidumbre, pues sus familiares aún están presos injustamente o padecen dolores crónicos por las heridas recibidas.
Aunado a estos problemas están los grupos paramilitares en total impunidad y sin que el Estado de cumplimiento a la ley de desplazamiento interno de Chiapas, única vigente en el país.
Este encuentro propicia el inicio de una red de apoyo para las mujeres organizadas que buscan un bien para sus familias y para la comunidad, convirtiéndose en defensoras de los Derechos Humanos y protagonista de sus propios procesos.
Por ello Rufina Pérez, representantes de desplazadas de Chalchihuitán, expresó a EFE: “Actualmente la mayoría está en sus casas pero no en sus parcelas ya que siguen en las manos de los agresores y a cinco años continúan en la impunidad sin que el Gobierno haga algo para devolvernos nuestras tierras, algunos rentan o prestan casas y parcelas”.
Agregó que “otros han migrado a Estados Unidos o a otros estados de México en busca de trabajo mal pagado”.
Otro de los caso es el de Isaura Velasco, indígena tzotzil desplazada de Nueva Palestina y expresa. Cuenta a EFE el inicio de su historia desgarradora que vivió con su hermanos y su cuñada, donde los usos y costumbres aplicados por las autoridades comunales de Nueva Palestina (2021) por poco les quitan la vida.
Nosotros fuimos encarcelados, con mi cuñada también y mi hermano Diego Chamuc, lo sacaron libre porque era inocente y no encontraron pruebas, salió por ser menor de edad en Tuxtla Gutiérrez”, expuso.
“Lo mandaron a la cárcel nuevamente acusado de asesinato y luego le metieron otra carpeta, lo acusaron de robo y ahorita está encarcelado también injustamente estuvimos en la cárcel”, añadió Velasco.
Según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, existen desde el 2006 a la fecha 9.950 personas víctimas de desplazamiento forzado sobre todo de Aldama, Chenalhó, Pantelhó, Aldama, Margaritas, Tila Palenque, Altamirano, Saltó de Agua, Tumbala y Sabanillas.
Los desplazamientos forzados afectan principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
López-Dóriga Digital
