La Suprema Corte de Justicia de la Nación inválido las reformas a las leyes de delincuencia organizada y seguridad nacional que permitían imponer prisión preventiva oficiosa a delitos fiscales como la defraudación fiscal, la emisión y compra de facturas falsas y el contrabando.
Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales las reformas a las leyes de delincuencia organizada y de seguridad nacional que calificaban a estos delitos como graves para así incorporarlos al Código Nacional de Procedimientos Penales que contiene un catálogo de conductas ilícitas que ameritan la prisión preventiva oficiosa o automática a las personas imputadas, por la gravedad de los mismos.
En el caso del contrabando y la defraudación fiscal para montos mayores a los 9 millones de pesos, los ministros y ministras alcanzaron una mayoría clara de 9 votos, solamente las ministras Yasmin Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron por mantener vigente la prisión automática para ambos delitos, haciendo suyos los argumentos del gobierno mexicano sobre la gravedad de los mismos.
Por lo que se refiere al delito de emisión, compra y venta de facturas falsas para simular operaciones, 8 ministro votaron por la inconstitucionalidad de dicha norma, mientras que la ministra Margarita Ríos-Farjat se sumó al voto en contra de Ortiz y Esquivel, por considerar que el llamado “factureo” si es un problema de seguridad nacional.
Sin embargo, el ministro Javier Laynez Potisek advirtió que la inclusión de los delitos fiscales en las leyes de delincuencia organizada y de seguridad nacional, eran el equivalentes a un fraude a la Constitución, ya que los legisladores no contemplaron dichos ilícitos al momento de definir el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva automática u oficiosa como es el caso del homicidio o el secuestro, a pesar de que sí hubo debate al respecto.
La inconstitucionalidad de los artículos invalidados obligará a la Fiscalía General de la República (FGR) a justificar ante un juez la solicitud de prisión preventiva en contra de todos los imputados por estos delitos, ya que la prisión automática u oficiosa se revocaría para estos casos.
No obstante, la ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que según un informe que les entregó la FGR, solo 12 personas se encuentran sujetos a prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, bajo los términos de las normas federales que ayer fueron invalidadas.
