El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que extienden la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, el cual entrará en vigor este sábado 19 de noviembre.
Este viernes se incluyó en el DOF el mandato por el que se reforma el artículo 5° transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019. Con este, se establece que el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública hasta 2028.
Esto después de que el Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas locales ratificaron esta reforma.
El texto establece que la participación deberá ser extraordinaria, acreditando su “absoluta necesidad”, y “temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil”. Igualmente, estará regulada y fiscalizada, con rendición de cuentas, y estará subordinada y será complementaria, por lo que las labores solo podrán realizarse en su auxilio o complemento.
El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral para evaluar los resultados en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Para analizar estos últimos, se establecerá, en un plazo no mayor a sesenta días, una comisión bicameral que se reunirá cada que la convoque su directiva. Para la emisión del dictamen semestral, la comisión convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina.
El dictamen evaluará el cumplimiento del decreto y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente del ejército en esas labores.
Asimismo, desde 1998, diversos organismos de la ONU han emitido más de 30 recomendaciones al Estado mexicano para que abandone la militarización con el fin de prevenir violaciones a Derechos Humanos y desapariciones forzadas. Todas han sido aceptadas por el país.
Este 28 de noviembre comenzará el análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del decreto para el uso de las fuerzas armadas en seguridad pública, como respuesta a la demanda que se ha hecho a la Corte por no abordar el tema de militarización con rapidez.
