La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el decreto impulsado por la mayoría de Morena en el Congreso por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas.
La reforma estaba diseñada para permitir a funcionarios públicos promover la revocación de mandato, lo que estaba prohibido por el marco legal. Funcionarios públicos, sobre todo del gobierno federal y administraciones de Morena, querían hablar abiertamente del ejercicio, ignorando los llamados del INE y Tribunal Electoral.
El máximo tribunal determinó que la serie de reformas resultaba contraria al artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución, que establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
