Con 16 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, la Sexagésima Legislatura aprobó la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado.
Lo anterior, a pesar de diversas manifestaciones en contra por parte de ambientalistas, así como organizaciones sociales y el partido político Morena.
El diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Germaín Garfias, aseguró que con esta ley se establecen políticas para el corto, mediano y largo plazo para el cuidado, protección y abastecimiento del líquido vital.
«La finalidad principal es ordenar, cuidar y garantizar el vital líquido en esta entidad federativa, fortalecer a los organismos operadores del agua, no busca eliminar a la CEA como se ha dicho, sino que sean más eficaces a la hora de brindar sus servicios, y así, la ciudadanía gane».
Con dicha reforma, los nuevos desarrollos habitacionales no podrán contar con macromedidores como método de cobro del servicio de agua potable, en tanto, para los ya existentes, se buscarán programas y políticas públicas con el fin de individualizar el cobro.
Germaín Garfias descartó que se busque privatizar el agua, tal como lo denunciaron algunos activistas, y por ende, pidió evitar la desinformación al respecto.
En tanto, el grupo parlamentario de Morena denunció que dicha ley favorece a la iniciativa privada con la privatización del líquido vital.
Debido a esto, adelantaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad, en caso de que esta no sea viable por no contar con los votos suficientes, la llevarán a juicio federal.
Agustín Murillo
