Armados con lanzas y con el rostro pintado, miembros de la guardia indígena de la comunidad A’i Cofán se preparan para patrullar las orillas del río Aguarico en la Amazonía ecuatoriana, listos para retirar equipos y llamar a la autoridad si encuentran mineros en su tierra ancestral.
“Hemos estado recorriendo y al mismo tiempo documentando a las personas que ingresan”, dijo el coordinador de la guardia indígena, Nixon Andy, de 24 años. “Cuando encontramos personas extrañas en nuestro territorio dialogamos pacíficamente, pero si ya no hay un respeto hay autoridades donde podemos denunciar”.
El trabajo de la guardia se respalda en la decisión de la Corte Constitucional, que en febrero dijo que las comunidades indígenas tienen derecho al consentimiento previo sobre proyectos extractivos en sus territorios o que afecten a su modo de vida. Pueden vetar tanto los grandes como la operación de aquellos a pequeña escala.
La Corte Constitucional del Ecuador indicó que las actividades extractivas tienen consecuencias en los derechos e intereses de la comunidad Cofán por lo que era necesaria y obligatoria su participación a través de una consulta previa, la cual no se realizó.
El éxito legal de los Cofán y los desafíos de otras comunidades están socavando las ambiciones de inversión del presidente Guillermo Lasso, quien quiere atraer capital extranjero a proyectos mineros y petroleros.
La comunidad Cofán, ubicada en Sinangoe, cerca de la frontera con Colombia, lanzó su lucha contra la minería en 2017, argumentando que la industria estaba dañando el Aguarico, la fuente de alimento de 53 familias que viven en sus riberas.
Aún hay un desacuerdo sobre el alcance del fallo y la industria minera dice que es un cambio abrupto que afectará la inversión y creará más inestabilidad jurídica en el país.
Las autoridades argumentan que la decisión de la corte tendrá efecto en proyectos futuros y no debería detener los que ya han sido concesionados para su desarrollo, como el proyecto de oro y plata Río Blanco del consorcio chino Ecuagoldmining o el proyecto Loma Larga de la canadiense Dundee Precious Metals.
Mientras que las comunidades y los grupos activistas señalan que el fallo se aplica a los proyectos ya aprobados, lo que les exige obtener el consentimiento previo de las comunidades a medida que avanzan en las diferentes etapas.
También advirtieron en una reciente reunión de los líderes de pueblos indígenas de toda la cuenca del Amazonas que los fallos legales resultan ineficaces sin la acción del gobierno.
“Ahora si alguna comunidad dice no, el Estado debe respetar y garantizar lo que nosotros queremos en nuestra casa“, dijo Wider Guaramag, líder de la comunidad. “Los dueños de casa somos los que sufrimos con la minería“.
El gobierno, que apunta a duplicar las exportaciones mineras a 4 mil millones de dólares en los próximos tres años, pero no dio una cifra de cuánta inversión podría salir de Ecuador si se detienen los proyectos, dijo que está revisando el fallo.
“Excepcionalmente se podría llevar adelante un proyecto extractivo contra la decisión de la comunidad, pero sometido a reglas muy claras”, dijo Jorge Acero, abogado del grupo de defensa Amazon Frontlines. “El riesgo es que el gobierno lo considere la regla cuando la corte dice que es una excepción”.
Como parte de su decisión, la Corte Constitucional también ratificó un fallo previo que ordenaba revocar las concesiones de oro en territorio Cofán porque no se consultó a la comunidad.
“Las sentencias de la Corte patean el tablero de un momento a otro”, dijo el abogado de la Cámara de Minería de Ecuador, Andrés Ycaza. “En el caso Cofán, pone unos estándares y sin lugar a duda son un cambio intempestivo en las reglas de juego”.
Las comunidades indígenas de Perú —el segundo productor de cobre más grande del mundo— también están luchando contra nuevos proyectos, mientras que los planes a gran escala en Colombia han sido frustrados por referendos y fallos.
Aristegui Noticias
