El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que existe una “clara y abierta ofensiva en contra de la autoridad electoral” por parte del grupo gobernante en el país, en alusión al partido Morena y al gobierno federal.
Durante una entrevista en Aristegui en Vivo, señaló que el embate se da no solamente en el plano declarativo, sino mediante acciones jurídicas como la emprendida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien presentó hace unos meses una denuncia penal contra seis consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE, por el acuerdo que suspendía acciones del proceso de revocación de mandato.
“Presentar denuncias penales es pues claramente un acto y una vocación autoritaria que hoy estamos viendo; por cierto, esas denuncias siguen abiertas y temo que lamentablemente es probable que sigan abiertas durante mucho tiempo”, mencionó.
Aseguró que el juicio político que pretende iniciar Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados en su contra y del consejero electoral Ciro Murayama, es por decisiones adoptadas en la Comisión de Quejas, de la que no forma parte, por lo que le llama la atención que solo se denuncie a dos consejeros.
“Creo que es muy evidente, hay toda una intencionalidad de desprestigio en contra de la autoridad electoral, pero que se quiere personalizar con claras intencionalidades políticas”, dijo, al tiempo que recordó otras amenazas en ese sentido contra los exconsejeros José Woldenberg, Alonso Lujambio, Jacqueline Peschard o Mauricio Merino.
Apuntó que existe una animadversión “muy marcada” contra la autoridad electoral, que lo único que ha hecho es “tomar sus decisiones con autonomía e independencia”. “Por lo visto hay quien quiere que la autoridad electoral esté subordinada a los intereses políticos de una parte”, enfatizó.
“Bueno pues ahora con el juicio político si prospera, tendré que ir a la a la Cámara de Diputados y eventualmente al Senado otra vez, por lo visto. Son tiempos en los que la autoridad electoral está muy solicitada en el Congreso”, comentó Córdova.
Consideró que si prospera el juicio político en su contra y de Murayama, se estaría ante una situación “muy delicada”, que se corresponde con una estrategia de descalificación para la autoridad electoral y los periodistas, entre otros actores de la sociedad.
Córdova ve cuatro ejes de dicha estrategia, como las descalificaciones, las amenazas, los recortes presupuestales y la reforma electoral en puerta. “Estas amenazas de juicio político forman parte de una estrategia que hemos visto desplegarse desde hace tiempo por parte de quienes les gustaría ver una autoridad electoral sumisa a sus propios intereses, no autónoma e independiente en sus decisiones”, dijo.
Confió en que al final prevalezca la vocación democrática y “no el talante autoritario” que se ha visto en últimas fechas, con una clara intención de “amedrentamiento y de acoso, hostigamiento de manera permanente y sistemático”.
Sobre la reforma aprobada por el Congreso de la Unión sobre los alcances de lo que se entiende por propaganda gubernamental, en el contexto del proceso de revocación de mandato, Córdova dijo que el Poder Legislativo está tratando de cambiar las reglas del juego “a medio partido”.
Explicó que quienes prohibieron que hubiese propaganda gubernamental de cara a la consulta de revocación de mandato fueron las cámaras de Diputados y de Senadores, al reformar la Constitución en 2019.
“El INE aplica la ley que hicieron los legisladores y ahora resulta que los legisladores se inconforman y emiten este decreto de interpretación auténtica. Es decir, están diciéndole a medio partido, a la autoridad electoral cómo según el Congreso debería interpretarse lo que ellos mismos hicieron”, comentó.
Consideró que el decreto interpretativo impulsado por Morena y sus aliados en el Legislativo “es una sugerencia”, porque la facultad de interpretar las normas le corresponde a quienes las aplican y no al Congreso, sino al INE y el TEPFJ.
Rechazó que el INE no haga lo suficiente para promover la consulta de revocación de mandato, pues basta con encender la radio o la televisión y ver los espectaculares o los anuncios en las paradas de autobuses para desmentirlo. “Sí son menos espectaculares que los que promueven la revocación de mandato a cargo de una asociación, ahí hay una campaña con muchísimo dinero que lamentablemente los propios legisladores le negaron al INE en su momento”.
“Si los espectaculares son financiados con recursos propios, con recursos particulares, no hay ningún ilícito. Pero la Constitución y la ley -al menos hasta que no vuelvan a hacer otra interpretación en el Congreso- es muy clara en el sentido de que está prohibido el uso de recursos públicos para la promoción de cualquier nivel y también, de acuerdo con lo que dice la ley, está prohibida la promoción con recursos partidistas”, aclaró.
Precisó que el INE investiga esta campaña de promoción, dado que es “muy amplia, por decir lo menos” y que en los estados en los que habrá elecciones este año la campaña es todavía mayor.
Sobre el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, quien fue vinculado a proceso por la presunta comisión de delitos electorales, Córdova aseguró que el caso nació en el INE, que se pronunció en su momento por el “uso de recursos públicos, tanto de personal del Gobierno del Estado de Nuevo León que se dedicó a la recopilación de apoyos para conseguir la candidatura independiente en 2018 a la presidencia de la República, cómo del desvío del uso de recursos públicos”.
Mencionó que en su momento, el INE sancionó esas conductas y ello fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De hecho, el INE fue el organismo que dio vista a las autoridades estatales neoleonesas, quienes ahora emprendieron un proceso legal contra ‘El Bronco’.
El presidente del INE aseguró que en otros casos no se ha podido avanzar porque la Fiscalía General de la República no ha compartido las indagatorias realizadas, como el caso Odebrecht, en el que está involucrado el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
“El caso Odebrecht es un caso bien complicado porque implica, prácticamente toda la información viene de declaraciones emitidas en un proceso penal, en procesos penales que están radicados en Brasil y por lo tanto el INE no puede pedir información directamente a las autoridades brasileñas sino que se necesita hacerlo a través de la Fiscalía General de la República que es justamente el órgano que puede a través de convenios internacionales hacerse de esa información”, apuntó.
Mencionó que la FGR no ha aceptado abrirle el secreto ministerial al INE en este caso. Recordó que el TEPJF ordenó en dos ocasiones a la Fiscalía entregar la información del caso, así como del caso de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, quien ha sido señalado por recibir aportaciones en efectivo presumiblemente con fines electorales.
“La Fiscalía interpuso una controversia constitucional en contra de las decisiones del Tribunal, que ordenaban entregar al INE esta información. En fin, se trata de un sistema que poco a poco se va abriendo, se va mejorando pero que sin lugar a dudas se encuentra resistencias, pues que todavía hacen de este un sistema perfectible en muchos sentidos”, mencionó.
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