Un puñado de cámaras en el suelo frente a Palacio Nacional, sede de la Presidencia de México, marcó este martes el inicio de una jornada de protestas en todo el país para pedir justicia por los homicidios de los periodistas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, todos ocurridos este mes y dos de ellos en una misma ciudad, Tijuana, y en la misma semana.
En total hay previstas un total de 28 concentraciones bajo el lema “Periodismo en riesgo”, protestas que pretenden ser también virtuales en plena pandemia con los lemas #NiSilencioNiOlvido #NoseMataLaVerdad y #PeriodismoEnRiesgo.
Aunque los actos no se prevén grandes, la multitud de sedes las hacen simbólicas y multiplicarán una exigencia que algunos medios llevan décadas repitiendo.
El semanario Zeta de Tijuana publica desde hace más de 30 años una página en negro en cada edición para exigir que se busque al autor intelectual del asesinato de uno de sus directores en 1988. Este martes, saldrá a la calle para exigir justicia por los últimos homicidios, entre ellos el de su colaborador, Martínez.
“Vamos a salir a manifestarnos, vamos a llorar, vamos a sufrir”, dijo Adela Navarro, directora de Zeta.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió el martes en que habrá justicia por los últimos crímenes al plantear que en su gobierno no hay impunidad, aunque los datos parecen indicar lo contrario.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en un reciente encuentro con integrantes del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, reconoció que más del 90% de asesinatos quedaban impunes.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización con sede en Nueva York, eleva el porcentaje al 95%, según explicó su representante en México, Jan-Albert Hootsen, quien recordó que, además, cientos de agresiones que no llegan al asesinato ni siquiera se denuncian y sólo se saben cuando los ataques incrementan su gravedad.
Cuando la atención mediática se eleva, como en el caso de Javier Valdez, asesinado en 2017 en Sinaloa, donde los dos autores materiales están sentenciados y la fiscalía federal ya pidió a Estados Unidos la extradición del autor intelectual, un narcotraficante en proceso en ese país.
Televisa
