El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto Nacional de Migración (INM) a que entregue información de las reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos en torno a la política migratoria.
La ponencia de la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, revocó la respuesta del INM a un solicitante que pidió versiones públicas de las bitácoras de las reuniones entre autoridades mexicanas y estadounidenses sobre temas migratorios.
Lo anterior, luego de que el Instituto respondiera que no era competente para responder la solicitud y que, en todo caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores era la instancia facultada para intervenir en tratados, acuerdos y convenciones de los que México es parte.
El Pleno del INAI resolvió que el INM debe asumir su competencia, pues cuenta con facultades para conocer y ejecutar la política migratoria del país además de que “hay información pública de que su personal ha intervenido en reuniones sobre la materia”.
El INAI también ordenó al INM a que entregue información estadística sobre las personas repatriadas o expulsadas por Estados Unidos bajo el denominado Título 42, que posibilita la expulsión de migrantes por razones de salud pública. Esto, entre el 20 de marzo de 2020 y el 31 de julio de 2021.
“En el contexto actual de la crisis migratoria, es crucial que las autoridades competentes, como el Instituto Nacional de Migración, del que estamos hablando como un sujeto obligado, demuestre
capacidad de llevar control de sus acciones y sus decisiones. Por ejemplo, disponer de estadística que sirva como base para la toma de decisiones y como evidencia para la rendición de cuentas”, señaló la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas, quien presentó el asunto en el Pleno.
El Pleno del INAI indicó al INM que debe realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, utilizando un criterio de interpretación amplio, y respetando y garantizando en todo momento el principio de máxima publicidad, por lo que deberá turnar la solicitud de información a todas las unidades administrativas competentes para conocer de ella.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, decidió mantener la aplicación del Título 42 de la Ley de Servicios de Salud Pública, impulsada por Donald Trump en marzo de 2020, mediante el cuál Estados Unidos restringe el acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública.
El 16 de septiembre, un juez federal en el Distrito de Columbia consideró ilegal la expulsión de familias migrantes con hijos sin que ejerzan su derecho a pedir asilo en Estados Unidos.
El pasado 11 de agosto, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y otras cuatro agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostraron su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación del Título 42.
El lunes de esta semana, el canciller Marcelo Ebrard manifestó su preocupación por la expulsión de migrantes por parte de Estados Unidos con base en el Título 42. “El título 42 ha significado recibir 1 millón 800,000 personas y el MPP cuando lo suspendieron el número que ubicamos fue 12,000”, detalló.
“Las personas que nos están regresando vía Título 42, ¿las deportamos? ¿México va a deportar a millón y medio de personas? No, no lo vamos a hacer, pero hoy por hoy no nos han dicho que día van a empezar o cómo lo van hacer”, apuntó.
Sin embargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró este miércoles que ambos países se comprometieron a deportar a los migrantes irregulares a sus países de origen.
“Todos deben entender que la frontera México-Estados Unidos está cerrada para cruces fuera de la ley. Las personas que intenten entrar a Estados Unidos fuera de la ley serán detenidas. Estados Unidos y México se han comprometido a retornar a estos migrantes a sus países de origen”, dijo el diplomático durante su visita a la frontera norte.
Aristegui Noticias
